El Gobierno nacional avanza en la reglamentación que permitiría la venta de medicamentos derivados del cannabis en droguerías del país, siempre que estén respaldados por prescripción médica y cumplan con los requisitos sanitarios establecidos.
El borrador del decreto ha sido elaborado de manera conjunta por los ministerios de Salud, Justicia y Agricultura, y se encuentra actualmente en etapa de revisión.
Según el documento preliminar, la distribución estará restringida a medicamentos que cuenten con registro sanitario, control especial y autorización expresa para su uso terapéutico.
Las droguerías y establecimientos farmacéuticos autorizados podrán ofrecer únicamente productos con forma farmacéutica dosificada, como cápsulas, tabletas, soluciones orales, cremas o ungüentos, con control exacto de cantidades por unidad de medida.
El borrador contempla también la posibilidad de comercializar fórmulas sintéticas, medicamentos fitoterapéuticos, homeopáticos y preparaciones magistrales elaboradas a partir de cannabis, siempre que sean desarrolladas conforme a una prescripción médica específica. Para ello, las droguerías deberán contar con autorización del Ministerio de Salud, así como con la certificación de buenas prácticas expedida por el INVIMA.
En lo relacionado con el control sobre el cultivo del cannabis, el decreto establece la participación de entidades como el ICA, el INVIMA, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional y los ministerios de Agricultura y Comercio. Estas entidades serán responsables de expedir las licencias correspondientes tanto para cannabis psicoactivo como no psicoactivo.
El texto también detalla que quienes cuenten con licencia de cultivo de cannabis no psicoactivo podrán transferir el producto a terceros que posean autorizaciones sanitarias, siempre con fines médicos. Esta modalidad aplicará tanto para uso nacional como para exportación.
Una de las disposiciones incluidas en el proyecto es la futura reglamentación de la flor de cannabis como producto terminado con fines medicinales. Esta disposición será desarrollada nueve meses después de la entrada en vigencia del decreto, y deberá ser reglamentada por las autoridades competentes de acuerdo con sus funciones.
El objetivo del Gobierno es consolidar un sistema normativo que permita el acceso a tratamientos a base de cannabis medicinal bajo vigilancia institucional. Los productos deberán cumplir los requisitos de calidad, almacenamiento, trazabilidad y distribución propios del régimen de control especial, con el fin de asegurar su manejo adecuado.
La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para incorporar el cannabis medicinal al sistema de salud de manera segura, controlada y con base científica. El decreto será sometido a observaciones antes de su publicación oficial.
