viernes, octubre 17, 2025
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Gobierno expidió decreto que obliga a generadores a contratar el 95% de su energía para estabilizar tarifas

El Ministerio de Minas y Energía emitió un nuevo decreto con el que busca reducir y estabilizar las tarifas de energía eléctrica en todo el país, a través de una modificación en la forma como las empresas generadoras comercializan su producción.

La norma ordena a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) establecer mecanismos para que las generadoras firmen contratos de largo plazo que cubran, como mínimo, el 95% de su energía disponible. El propósito es disminuir la exposición de las empresas distribuidoras al mercado de bolsa, donde los precios varían constantemente y pueden incrementar los costos para los usuarios finales.

Según el planteamiento del Gobierno, el hecho de que las comercializadoras y distribuidoras tengan asegurada la mayoría de su energía mediante contratos a largo plazo permitiría que las tarifas fueran más estables y menos sensibles a las fluctuaciones del mercado.

Esto representa un cambio significativo frente a la práctica actual, donde entre el 60% y el 70% de la energía se comercializa bajo contratos fijos y el resto queda sujeto a las condiciones del mercado diario.

En la bolsa energética, los precios pueden alcanzar hasta $1.000 por kilovatio, mientras que en contratos a largo plazo el valor ronda los $200. Sin embargo, las condiciones pueden invertirse durante temporadas de lluvias, cuando la oferta energética aumenta y los precios en la bolsa descienden, situación que en ocasiones ha beneficiado a los agentes del mercado.

El decreto ha generado observaciones entre analistas del sector, quienes advierten que la medida podría limitar la capacidad de las empresas para adaptarse a escenarios de precios más bajos o aprovechar oportunidades coyunturales del mercado. También resaltan que la rigidez en la contratación podría tener efectos sobre la competencia entre generadores y sobre los mecanismos de formación de precios en el sistema eléctrico.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, explicó que el objetivo es avanzar hacia lo que el Gobierno denomina “justicia energética”. “Nuestro propósito es claro: la energía en Colombia debe ser más asequible, estable y sostenible. Es un paso más hacia la justicia energética que tanto necesita el país”, señaló el funcionario.

El decreto otorga un plazo de tres meses a la CREG para que defina los instrumentos regulatorios y las resoluciones necesarias que den cumplimiento a esta nueva obligación. Hasta entonces, se espera que las empresas del sector revisen el alcance de la medida y sus posibles implicaciones en la operación del sistema eléctrico.

Desde el gremio de los generadores se informó que se encuentran analizando el contenido del decreto para evaluar su impacto en las condiciones actuales del mercado y en los modelos de contratación que mantienen con las distribuidoras.

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