El Gobierno anunció nuevas medidas de seguridad en Cúcuta tras el consejo de seguridad encabezado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en respuesta a los recientes hechos violentos registrados en la capital de Norte de Santander y en municipios del área metropolitana.
La jornada se efectuó con la participación de la cúpula militar, en medio de la preocupación por el aumento de acciones atribuidas a estructuras armadas que operan en la zona fronteriza.
Durante la sesión, Sánchez informó que se incrementará el despliegue de la fuerza pública y que se implementarán acciones orientadas a impedir nuevos atentados en Cúcuta y en el Catatumbo.
El funcionario señaló que los grupos armados buscan ejercer control territorial mediante actividades relacionadas con narcotráfico y extorsiones, además de señalar asesinatos de menores, secuestros, homicidios y desplazamientos de familias campesinas e indígenas.
El jefe de la cartera de Defensa explicó que, pese a las solicitudes de las comunidades para avanzar en proyectos de infraestructura y servicios, los trabajadores y contratistas han sido objeto de ataques con explosivos y armas de fuego. En ese contexto, la Fuerza Pública reportó la neutralización de 361 integrantes de estas estructuras durante el año, de los cuales 236 corresponden a disidencias de las Farc y 125 al ELN. Asimismo, indicó que 768 personas han sido capturadas por su presunta vinculación a estas organizaciones.
El atentado ocurrido el 6 de diciembre en Villa del Rosario, en el que fueron asesinados dos policías y otros dos resultaron heridos, fue uno de los hechos analizados por el Gobierno. Ante esta situación, Sánchez anunció que se aplicará una estrategia de “neutralización anticipada”, fundamentada en labores de inteligencia, mecanismos de información ciudadana y el ofrecimiento de recompensas por datos que faciliten la captura de integrantes de estas estructuras armadas.
El Ministro confirmó que el Estado mantendrá todas las capacidades legales, entre ellas los bombardeos, como parte de las herramientas de la Fuerza Pública. Señaló que esta opción se empleará bajo los protocolos vigentes y subrayó que el objetivo es anticiparse a posibles ataques contra estaciones policiales, instalaciones militares o áreas pobladas.
La cartera de Defensa informó que se ofrecen recompensas de hasta $1.640 millones de pesos por información relacionada con alias Silvana y alias Ricardo, señalados como mandos del ELN, y de $600.000.000 millones para ubicar a miembros de las disidencias de Calarcá. Sánchez también expresó preocupación por el incremento de casos de reclutamiento de menores, que según cifras oficiales aumentaron 63 por ciento, y advirtió que los responsables deberán asumir las consecuencias en operaciones militares.
El funcionario aseguró que las autoridades continuarán con operaciones ofensivas mientras avanzan los programas de sustitución de economías ilegales y proyectos de inversión social en la región. Añadió que la Fuerza Pública mantendrá sus acciones para evitar nuevos ataques y enfrentar a los grupos armados que actúan en Norte de Santander.
