La primera vez que se habló del Fast Track en el trámite de leyes en el Congreso de la República fue en el año 2016 cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos sacó adelante, con aprobación del parlamento, una metodología que permitiría disminuir el número de debates para sacar adelante una ley, con el fin de poder aprobar de manera expedita el acuerdo de paz de las FARC con el gobierno Colombiano, donde se creo la JEP, la Comisión de la Verdad y le dio al extinto grupo armado, 10 curules en el congreso por dos periodos legislativos.
Ahora, el gobierno de Gustavo Petro, contrario a lo que anunciaron inicialmente cuando se presentó la Reforma tributaria, donde el mismo mandatario y el ministro de hacienda habían afirmado que no se iba a presentar el articulado con mensaje de urgencia, con el fin de permitir que fuera ampliamente debatido por los parlamentarios, pretenden activar el mecanismo del Fast Track para darle celeridad a la aprobación del documento.
El nuevo gobierno está urgido de aprobar la reforma con el fin de que se pueda reglamentar antes del inicio del 2023 y esa nueva tributación quede en firme para el próximo año y logren recaudar lo esperado para darle vía libre a los programas sociales que se incluyeron en la propuesta de gobierno de Gustavo Petro.
Este trámite rápido también estaría buscando que la ciudadanía no se despierte y dimensiones como esta reforma le mete la mano al bolsillo a todos los colombianos, sin importar el nivel socioeconómico al que pertenecen, y que encarecerá la canasta familiar a niveles nunca vistos en el país.
Este es un nuevo incumplimiento de las promesas de compaña, donde garantizó que los proyectos serían analizados por el Congreso de manera concienzuda y con el tiempo requerido para evitar que se incluyeran los famosos micos, como sucede en la Reforma Tributaría, donde un articulo que otorgaría poderes extraordinarios al presidente para modificar las normas y permitir un mayor recuado.
