El Gobierno nacional avanza en la preparación de un decreto de emergencia económica con el que busca cerrar un déficit presupuestal estimado en $16 billones para 2026, luego de que el Congreso negara la ley de financiamiento. El borrador preliminar del decreto, que comenzó a circular en distintos sectores, incluye un paquete de medidas tributarias que impactarían directamente el bolsillo de ciudadanos y empresas, lo que ha generado una oleada de críticas desde gremios empresariales, analistas económicos y sectores políticos.
Uno de los puntos más sensibles del documento es el aumento del gravamen a los movimientos financieros, conocido como 4×1.000, que pasaría al 5×1.000 durante el año gravable 2026. De aprobarse bajo el marco de la emergencia, cada transacción bancaria tendría un mayor costo, afectando tanto a personas naturales como a compañías que realizan operaciones frecuentes a través del sistema financiero.
Nuevos impuestos al consumo
El borrador también plantea modificaciones al impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y bebidas similares. Según el texto, el hecho generador del tributo sería el consumo de bebidas con una concentración superior a un grado alcoholimétrico dentro de la jurisdicción de los departamentos. Para 2026, el componente específico del impuesto sería de $750 por cada grado alcoholimétrico, calculado sobre unidades de 750 centímetros cúbicos, al que se sumaría un componente ad valorem del 30 %.
A estas medidas se añaden ajustes al impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado. El decreto establece que el tributo se causaría por el consumo de estos productos dentro de los departamentos, con la exclusión explícita de los chicotes de producción artesanal. Todas estas disposiciones se enmarcan en el uso de facultades extraordinarias derivadas de la declaratoria de emergencia económica.
Argumentos del Gobierno
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Ejecutivo evalúa expedir el decreto el viernes 19 de diciembre de 2025, junto con normas reglamentarias posteriores. Según explicó, el objetivo es compensar los recursos faltantes tras el hundimiento de la ley de financiamiento, utilizando decretos con fuerza de ley para asegurar el funcionamiento del Estado en 2026.
Durante una reunión de la Junta Directiva del Banco de la República, Ávila señaló que el Gobierno recurrirá a la emergencia para adoptar medidas tributarias que permitan cerrar el faltante fiscal. En ese mismo encuentro, la autoridad monetaria decidió mantener inalterada su tasa de interés, en una señal de estabilidad para los mercados financieros.
Rechazo desde el sector empresarial
Las reacciones no se hicieron esperar. El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, aseguró que en Colombia no existen circunstancias que justifiquen una emergencia económica. Recordó que la legislación presupuestal contempla escenarios en los que no se aprueba una ley de financiamiento y planteó que la alternativa debería ser el aplazamiento o recorte del gasto.
Mac Master calificó la iniciativa como una medida desleal con la sociedad, especialmente por coincidir con el inicio de la vacancia judicial. A su juicio, no hay hechos sobrevinientes que respalden el uso de esta figura constitucional.
Críticas técnicas y advertencias fiscales
El economista José Ignacio López describió la coyuntura como un “viernes negro en lo fiscal”. Cuestionó una emisión privada por $23 billones a tasas cercanas al 13 %, que interpretó como un reflejo de problemas de caja y de programación fiscal. También alertó sobre los efectos que podría tener la emergencia, aun si posteriormente es tumbada por la justicia, en términos de inversión, empleo y crecimiento económico.
López advirtió que, mientras esté vigente, la emergencia podría generar incertidumbre y dejar una situación fiscal más compleja para el próximo gobierno.
Oposición política y debate constitucional
Desde la oposición, las críticas se centraron en la constitucionalidad de la medida. La senadora María Fernanda Cabal afirmó que no existen hechos que respalden la declaratoria y cuestionó que el Gobierno opte por nuevos impuestos en lugar de ajustes al gasto. En el mismo sentido se pronunciaron el representante Andrés Forero y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, quienes señalaron que el decreto trasladaría la carga fiscal a los ciudadanos.
La representante Katherine Miranda calificó la iniciativa como un abuso al pretender introducir una reforma tributaria por decreto. Por su parte, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo sostuvo que el Gobierno estaría “fabricando” una emergencia a partir de un manejo fiscal que calificó como desbordado, con mayor endeudamiento, aumento del gasto y metas de ingresos incumplidas.
Un debate abierto
Mientras el Gobierno avanza en la preparación del decreto, el país entra en un nuevo debate sobre el uso de la emergencia económica como herramienta fiscal y sobre el impacto que estas medidas tendrían en el costo de vida, el consumo y la actividad empresarial. El contenido definitivo del decreto y su eventual control constitucional marcarán el rumbo de esta discusión en las próximas semanas.
