lunes, enero 19, 2026
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Gobernadores mantienen oposición a decreto de emergencia económica y anuncian acciones judiciales

Tras la reunión sostenida en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público entre los ministros Germán Ávila y Armando Benedetti, los gobernadores y delegados de los gobiernos departamentales, el director de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt, y el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, los mandatarios departamentales anunciaron que continuarán buscando mecanismos legales para proteger las finanzas territoriales destinadas a salud, educación y deporte.

Los gobernadores destacaron la disposición de diálogo del Gobierno nacional, pero reiteraron su postura de defensa de los derechos fundamentales y de las rentas cedidas a los departamentos. En este sentido, solicitarán a la Corte Constitucional una medida de protección que suspenda de manera provisional la implementación del decreto 1474 de 2025, en lo referente al aumento del Impuesto al Consumo y el incremento del IVA para licores y cigarrillos.

“Colombia es una República unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales —esto es lo que estamos defendiendo desde las regiones—, cualquier medida que vaya en contravía del mandato constitucional debe ser objetada”, señalaron los mandatarios departamentales en el comunicado oficial.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que durante la reunión “no hubo humo blanco, solo humo, como nos tiene acostumbrados este gobierno”, y agregó que “nosotros, los mandatarios seccionales, quedamos en manos y todos los colombianos de la Corte Constitucional y Antioquia particularmente, va a solicitar esta misma semana una medida temprana de excepción de inconstitucionalidad (…) a ver si en la sala plena que habrá de tener la Corte en los próximos días, pues pueden suspender los efectos, sobre todo tributarios, que están contenidos en relación con los departamentos en los decretos de emergencia económica”.

El mandatario departamental afirmó que “si terminado el mes la Corte no se ha pronunciado, el Departamento de Antioquia se sostiene en lo que ratificamos la semana anterior. Haremos uso del instrumento de la excepción de inconstitucionalidad, porque claramente lo que está contenido en la emergencia económica violenta los artículos 294, 362 de la Constitución y afecta gravosamente, de manera desproporcionada, las rentas de nuestro departamento”.

Rendón también se refirió a la postura del Gobierno durante la reunión: “Allí no hubo acuerdo alguno, yo estuve conectado la mayor parte de la reunión porque no alcancé a llegar físicamente y no registro acuerdo alguno. Pero destaco una cosa muy lamentable que dijo al final el ministro de Hacienda, que este era un Estado central donde no había autonomía y que quienes no acogiéramos y no implementáramos las medidas tributarias contenidas en la emergencia tendríamos que vernos con los organismos de control. Es decir, de nuevo sale el Gobierno Nacional a amenazar en lugar de haber propiciado un espacio de conciliación”.

El gobernador enfatizó que Antioquia no permitirá que “el Gobierno Nacional en época electoral cuadre caja para seguir fortaleciendo su empleo militante con cargo a los recursos que nosotros en Antioquia destinamos a financiar la salud, la educación y el deporte de nuestros paisanos”.

Sobre la división entre los gobernadores frente al decreto, Rendón indicó que “cada uno de ellos podrá manifestar las apreciaciones que tiene sobre el particular. Yo lo que noto es una clara insatisfacción por cuenta de cómo el Gobierno Nacional toma de los gobiernos departamentales un tributo que por constitución y por ley nos pertenece a nosotros, como son las rentas cedidas en los licores, los tabacos, los juegos de suerte y azar”.

Finalmente, el gobernador se refirió a un caso reciente de la Contraloría sobre el CAI: “Lo que pudo detectar es que están en funcionamiento, los tiene la Policía de Servicio de la Ciudadanía. No hay ninguna pérdida de recursos, no hay pérdida patrimonial y en consecuencia no hay lugar alguno a seguir adelante con una investigación fiscal”.

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