El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, encabezó una reunión extraordinaria con el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, unidades de la SIJIN y otras autoridades judiciales para revisar el avance de la investigación por el homicidio del empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su escolta Luis Gabriel Gutiérrez, ocurrido en el norte de la capital.
Según informó la Administración Distrital, el encuentro tuvo como propósito analizar las primeras líneas de investigación y coordinar acciones interinstitucionales dirigidas a identificar y capturar a los responsables del ataque. Durante la reunión también se revisaron capacidades operativas y judiciales disponibles para acelerar el proceso investigativo.
El mandatario calificó el hecho como un caso de sicariato planeado y señaló que la Alcaldía mantendrá respaldo institucional a las autoridades encargadas del caso. Indicó que el objetivo es articular a las entidades del Estado en torno a la búsqueda de resultados judiciales y operativos que permitan esclarecer lo ocurrido.
De acuerdo con la información entregada por el Distrito, el homicidio continúa bajo análisis prioritario. Las autoridades mantienen abiertas varias líneas investigativas relacionadas con el contexto personal y empresarial de la víctima. Dentro de ese marco han cobrado relevancia versiones que apuntan a que el empresario habría manifestado preocupaciones por su seguridad meses antes del ataque.
Testimonios conocidos en las últimas horas señalan que Aponte habría comentado a personas cercanas la recepción de llamadas intimidantes. Esas advertencias, según esas versiones, estarían relacionadas con presiones y extorsiones en zonas rurales del Tolima donde desarrollaba actividades económicas. La información forma parte de los elementos que están siendo evaluados por los investigadores.
El periodista Felipe Arias, amigo del empresario, indicó en una entrevista radial que Aponte le había expresado inquietudes frente a esas comunicaciones. Según ese testimonio, el empresario contaba con un esquema de protección, pero evitaba desplazamientos a ciertas regiones por considerar que existían riesgos de seguridad.
En ese mismo relato se mencionó que Aponte confiaba en que su perfil público, asociado a actividades sociales y religiosas, lo mantenía distante de conflictos. Sin embargo, también habría reconocido preocupación por el impacto que eventuales amenazas pudieran generar en su entorno familiar.
La Alcaldía reiteró que el caso está siendo tratado como una prioridad por las autoridades de seguridad y justicia. Galán expresó solidaridad con las familias de las víctimas y señaló que las capacidades institucionales de la ciudad estarán orientadas a apoyar el esclarecimiento del doble homicidio. Mientras avanza la investigación, los organismos judiciales continúan la recolección de pruebas, revisión de cámaras y entrevistas a testigos como parte del proceso.
