El exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se pronunció frente a la divulgación de información médica relacionada con el menor fallecido Kevin Acosta, luego de que el presidente Gustavo Petro entregara detalles del caso durante un acto público.
Barbosa sostuvo que “Revelar la historia médica del menor fallecido Kevin Acosta es un delito. La Nueva EPS nunca debió entregar esa información”. El exfuncionario citó el Código Penal Colombiano, específicamente el artículo 269F, que tipifica la violación de datos personales.
De acuerdo con el texto citado por Barbosa, la norma establece: “El que, sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
El pronunciamiento del exfiscal se produjo luego de que el jefe de Estado revelara información relacionada con el proceso médico del menor. Durante la entrega de una planta de agua a una comunidad en el departamento de La Guajira, el mandatario afirmó: “Se le informa a la madre que hay que intervenir quirúrgicamente y sus riesgos, pero la madre no acepta la intervención”.
En el mismo evento, el presidente agregó: “No mentimos anoche, no estamos tapando algo con otra cosa. Aún hay que investigar más para establecer si existe una responsabilidad ajena a la familia, sobre todo en el traslado de Santander hacia el Huila y la pausa en la que no recibió la última dosis que debía aplicarse el 14 de enero”.
Las declaraciones del presidente hacen referencia al traslado del menor desde Santander hacia Huila, así como a una interrupción en el tratamiento médico que, según lo expresado, debía completarse el 14 de enero.
El caso ha generado reacciones en distintos sectores debido a la divulgación pública de datos relacionados con la historia clínica del menor. Mientras el presidente señaló que aún deben adelantarse investigaciones para establecer posibles responsabilidades adicionales a las de la familia, el exfiscal Barbosa advirtió que la revelación de información médica protegida podría configurar una conducta sancionada por la ley penal.
El debate se centra en la legalidad de la divulgación de datos personales sensibles, particularmente tratándose de la historia clínica de un menor de edad, y en las responsabilidades que podrían derivarse de la entrega y difusión de dicha información.
