La Fiscalía General de la Nación ha dado inicio al estudio de una denuncia penal que podría exponer una tragedia silenciada durante más de cuatro décadas.
Ocho hermanos de la familia Llano aseguran haber sido víctimas de abuso sexual a manos del sacerdote jesuita Darío Chavarriaga hace más de 40 años. La denuncia, presentada en septiembre de este año, señala que figuras destacadas de la Iglesia Católica, incluyendo al sacerdote Francisco de Roux, tenían conocimiento del caso sin que se tomaran medidas para proteger a las víctimas o hacer justicia.
El caso se encuentra en la mira de los medios y de la sociedad, ya que las víctimas y sus abogados denuncian que, pese a la gravedad de los hechos, el proceso se ha manejado con una preocupante falta de transparencia, revelando la compleja relación entre instituciones religiosas y el sistema de justicia en el país.
Las voces de las víctimas y el rol de la Iglesia
La familia Llano, cuyos ocho miembros aseguran haber sido abusados por Chavarriaga, cuenta con el respaldo legal del abogado Diego Vázquez, quien ha manifestado que el proceso interno de la Iglesia evitó que los hechos salieran a la luz. De acuerdo con Vázquez, el sacerdote Francisco de Roux habría conocido el caso sin alertar a las autoridades competentes.
“Lo que sorprende y duele es que todos estos detalles han salido a la luz únicamente por las declaraciones públicas del padre Francisco de Roux. Las víctimas ni siquiera sabían que había sido sancionado, ni que existió un proceso interno en la Iglesia”, afirma el abogado.
Chavarriaga, quien falleció en 2018, presuntamente confesó su culpabilidad en una investigación interna realizada por la Iglesia. Sin embargo, dicha confesión no fue compartida con las autoridades judiciales, lo cual, según Vázquez, configura un posible encubrimiento y omisión de denuncia, agravando el impacto en las víctimas que esperaban justicia desde hace décadas.
Encubrimiento y omisión: cuestionamientos al proceso eclesiástico
La denuncia no solo apunta a Chavarriaga como presunto abusador, sino también a una estructura de encubrimiento dentro de la institución eclesiástica. Este encubrimiento habría dejado a las víctimas sin apoyo, además de impedir que se iniciara un proceso judicial. De acuerdo con el abogado Vázquez, la Fiscalía debe examinar el papel de la Iglesia en su manejo del caso, desde el momento en que fue reportado y hasta los eventos más recientes.
Según Vázquez, la omisión de informar a la justicia ordinaria es uno de los puntos clave de la denuncia. “Nosotros estamos denunciando el encubrimiento y la omisión de la denuncia de un delito sexual, pero estos delitos usualmente no son investigados por fiscales especializados en delitos sexuales, lo cual ha generado inconsistencias y dudas sobre la profundidad de la investigación que se está llevando a cabo”, explica Vázquez.
Esta falta de comunicación entre la institución religiosa y las autoridades judiciales plantea importantes preguntas sobre el papel de la Iglesia en la protección de sus miembros, así como en la protección de las víctimas y el respeto a los derechos de los menores. Los hermanos Llano señalan que, por décadas, no solo han vivido con el trauma de los abusos, sino que han sentido que fueron marginados de su comunidad y apartados de cualquier tipo de apoyo espiritual.
Verdad, justicia y reparación: los pilares de una lucha de décadas
Para la familia Llano, este proceso busca mucho más que el reconocimiento de los abusos. La búsqueda de justicia se fundamenta en tres pilares: verdad, justicia y reparación. Tras años de silencio y desamparo, los hermanos demandan que se reconozca plenamente su sufrimiento, que se sancione a quienes hayan sido responsables o cómplices, y que se establezcan medidas de reparación. “No solo estamos hablando de un sacerdote pederasta, sino de una institución que, con su silencio, permitió que los abusos continuaran sin ser sancionados”, asevera Vázquez.
El dolor que han soportado las víctimas por más de cuarenta años se convierte ahora en una determinación incansable por lograr justicia. La familia se enfrenta no solo a los recuerdos de su infancia, sino también al desafío de navegar un sistema judicial que, según ellos, todavía carece de las herramientas necesarias para abordar la complejidad de los delitos sexuales cometidos en entornos religiosos.
La fiscalía y las inconsistencias en la investigación
El proceso se encuentra en una etapa preliminar, pero la Fiscalía ya ha detectado ciertas inconsistencias en la manera en que la Iglesia abordó el caso. La denuncia interpuesta destaca que, a pesar de la confesión de culpabilidad de Chavarriaga, la información no fue remitida a las autoridades civiles. La falta de pruebas documentales y la imposibilidad de realizar confrontaciones debido a la muerte del sacerdote han añadido complicaciones al proceso.
Según el abogado de la familia, estas omisiones podrían estar dificultando la intervención de fiscales especializados en delitos sexuales. “Este caso requiere una atención particular, dado que no se trata solo de un crimen individual, sino de la posibilidad de que existiera una red de complicidad dentro de la Iglesia que evitó que el caso llegara a la justicia”, explica Vázquez.
El legado de silencio y las expectativas de la familia Llano
La denuncia contra Darío Chavarriaga expone una herida que no ha cerrado en la familia Llano. Más allá de la búsqueda de justicia para los hermanos, el caso genera interrogantes sobre el papel de instituciones de poder y la relación entre la Iglesia y el sistema judicial. Si bien el sacerdote ya no está presente para responder ante la justicia, el dolor y las secuelas de sus presuntas acciones persisten en cada uno de los miembros de la familia.
Para los hermanos Llano, la decisión de presentar la denuncia obedece a la necesidad de cerrar un capítulo que les ha perseguido desde la niñez. La familia espera que el caso se lleve con imparcialidad y rigurosidad y que finalmente se pueda hacer justicia. La intervención de la Fiscalía y el interés mediático han renovado sus esperanzas, pero el camino parece estar lleno de obstáculos y desafíos legales.
Este caso pone de relieve la necesidad de que las instituciones, especialmente aquellas con una influencia social y moral significativa, asuman su responsabilidad en la protección de las víctimas y en la colaboración con la justicia. Los ocho hermanos Llano continúan su lucha, convencidos de que solo a través de la verdad y la transparencia podrán cerrar una herida que ha marcado sus vidas y, esperan, encontrar finalmente la paz que les ha sido negada por tantos años.
La Fiscalía deberá establecer hasta qué punto la omisión de la Iglesia y en especial del padre Francisco de Roux, contribuyó a prolongar el sufrimiento de las víctimas, y si las sanciones internas aplicadas a Chavarriaga fueron insuficientes o incluso parte de una estrategia de encubrimiento.
La familia Llano confía en que su caso no solo permita visibilizar el problema, sino también que se generen precedentes que eviten que otros niños y familias pasen por experiencias similares.
