La Fiscalía General de la Nación dio a conocer la aplicación de medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre bienes que estarían relacionados con la estructura delincuencial denominada «Rastrojos Nueva Generación». De acuerdo con la información oficial, los activos afectados superan un valor de 7.000 millones de pesos y harían parte del patrimonio utilizado por este grupo para el desarrollo de actividades ilegales en el norte del departamento del Valle del Cauca.
Según el ente investigador, las actuaciones se enmarcan en un proceso judicial que permitió recaudar elementos materiales probatorios sobre el posible origen ilícito y la utilización irregular de un conjunto de bienes presuntamente vinculados a integrantes y personas del entorno cercano de esta organización criminal. Las diligencias fueron adelantadas conforme a las competencias legales de la Fiscalía y buscan impactar las finanzas de estructuras dedicadas a diferentes delitos.
La Fiscalía indicó que, de acuerdo con el avance de la investigación, los recursos con los que habrían sido adquiridos estos bienes tendrían relación con conductas como homicidio agravado, secuestro extorsivo, desaparición forzada, tráfico de estupefacientes, microtráfico, amenazas contra defensores de derechos humanos y concierto para delinquir agravado. Estas actividades hacen parte del contexto investigativo que sustenta la adopción de medidas cautelares dentro del proceso de extinción de dominio.
En el desarrollo de las indagaciones, las autoridades judiciales establecieron que varias de las propiedades se encontraban registradas a nombre de terceros. Según la Fiscalía, estas personas no reportan actividades económicas formales ni ingresos suficientes que permitan explicar la compra y el mantenimiento del patrimonio identificado, aspecto que fue tenido en cuenta dentro del análisis realizado por el ente acusador.
Como resultado de este proceso, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio ordenó la aplicación de medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre un total de 38 bienes. Entre los activos afectados se incluyen inmuebles urbanos y rurales, apartamentos, lotes, establecimientos de comercio, así como vehículos, motocicletas y semovientes.
Los bienes se encuentran ubicados en distintos municipios del Valle del Cauca, entre ellos El Dovio, Ginebra, Pradera, El Cerrito y Dagua. Adicionalmente, la Fiscalía identificó propiedades en los municipios de El Tambo y Buenos Aires, en el departamento del Cauca, lo que refleja la extensión territorial de las actividades investigadas por las autoridades judiciales.
La entidad explicó que la imposición de estas medidas tiene como objetivo evitar que los bienes continúen siendo utilizados para financiar actividades ilegales y asegurar que queden bajo la administración del Estado mientras se surte el trámite judicial correspondiente. Los activos pasarán a custodia de la entidad administradora designada, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la legislación vigente sobre extinción de dominio.
