La Fiscalía General de la Nación avanza en la investigación de un conjunto de contratos millonarios suscritos por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) entre 2020 y 2023, periodo que coincide con la administración de Daniel Quintero como alcalde de Medellín. De acuerdo con información judicial revelada por la Revista Semana, conocida y verificada por peritos del ente acusador, seis proyectos ejecutados a través del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí presentarían presuntos sobrecostos, fallas en la planeación contractual y posibles beneficios indebidos a terceros.
Los contratos bajo la lupa suman cerca de 18.656 millones de pesos y están siendo analizados por la Fiscalía por eventuales delitos de peculado y de interés indebido en la celebración de contratos. En el expediente aparecen referencias a Miguel Quintero, hermano del exalcalde, quien no ha sido vinculado formalmente al proceso, pero cuyo nombre ha surgido en testimonios y documentos que hacen parte del material probatorio.
Según la hipótesis de la Fiscalía, la modalidad de contratación directa habría sido utilizada de manera reiterada como mecanismo para direccionar los proyectos. Los seis contratos fueron adjudicados al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, cuyo representante legal era Misael Alberto Cadavid, hoy privado de la libertad dentro del mismo proceso. De acuerdo con declaraciones de testigos, Cadavid habría tenido cercanía con Miguel Quintero y, presuntamente, entregado beneficios en especie como contraprestación por la asignación de los convenios.
El primer contrato investigado se firmó en 2020, en el contexto de la emergencia sanitaria por el covid-19, con el objetivo de apoyar a los cuerpos de bomberos de la subregión. Inicialmente se destinaron 1.898 millones de pesos, cifra que posteriormente fue incrementada en 400 millones. La Fiscalía identificó que en la etapa de planeación no se realizó un estudio de mercado y que la decisión se basó únicamente en la propuesta presentada por los Bomberos de Itagüí. En este contrato se detectaron presuntos sobrecostos en la compra de kits de bioseguridad, particularmente en el valor del alcohol antiséptico, que fue facturado a precios superiores a los de adquisición.
Un segundo contrato, señalado por la revista, es por 1.256 millones de pesos, tuvo como finalidad apoyar la gestión comunitaria del riesgo de desastres. Sin embargo, la investigación determinó que varias actividades incluidas en el proyecto no correspondían a la experiencia ni a las habilitaciones legales del cuerpo bomberil. Entre ellas, servicios de transporte especial y adquisición de dotación institucional, sin estudios de mercado que respaldaran los precios. Además, se evidenció el pago de recargas a teléfonos celulares por más de 15 millones de pesos, sin que se acreditara su ejecución.
El tercer contrato, inicialmente por 1.299 millones de pesos y posteriormente adicionado en 600 millones, buscaba fortalecer la atención de emergencias en el Valle de Aburrá. Para justificar la adjudicación, se argumentó que los Bomberos de Itagüí eran los únicos en Antioquia con un centro especializado de entrenamiento en alturas, afirmación que, según la Fiscalía, no corresponde a la realidad y solo representaba una parte menor del objeto contractual. En este caso se habrían identificado sobrecostos del 16 % en kits de bioseguridad y la no entrega de bienes valorados en más de 668 millones de pesos, entre tapabocas, guantes, trajes antifluido y equipos médicos.
El cuarto convenio, la publicación habla de 2.635 millones de pesos, estaba orientado a la apropiación social de la gestión del riesgo frente al cambio climático. La Fiscalía advirtió que ninguna de las actividades desarrolladas se relacionaba con la experiencia técnica invocada para ganar el contrato. También se detectaron pagos por recargas telefónicas y servicios de transporte que no habrían sido ejecutados en su totalidad, lo que incrementó las dudas sobre el uso de los recursos.
El quinto contrato, el de mayor cuantía, ascendió a 5.969 millones de pesos y tenía como propósito la reducción del riesgo en comunidades del área metropolitana. En este caso, la Fiscalía encontró que no se realizó estudio de mercado y que los valores fueron definidos con base en la propuesta del contratista. Además, se estableció que varias actividades fueron subcontratadas a precios significativamente menores, mientras que al Amva se le facturaron valores superiores. Los talleres pedagógicos, las salidas educativas, las actividades comunitarias y la papelería presentan diferencias que, sumadas, configurarían sobrecostos por varios cientos de millones de pesos.
El sexto contrato, por 4.597 millones de pesos, buscaba brindar asistencia técnica a los cuerpos de bomberos del Valle de Aburrá. De nuevo, la Fiscalía señaló la ausencia de análisis comparativos de precios. En este proyecto se identificaron presuntos sobrecostos en kits especializados, como los de comando, brigada forestal y manejo de fauna, cuyos valores facturados duplicaban o incluso triplicaban los costos de compra.
Hasta el momento, siete personas han sido señaladas formalmente por la Fiscalía en relación con estos contratos, con un detrimento patrimonial estimado que supera los 1.200 millones de pesos. Aunque Miguel Quintero no ha sido imputado, algunas partes del proceso han solicitado su vinculación, dada la información que lo relaciona con el entramado investigado. El propio Quintero ha negado públicamente cualquier interferencia en las decisiones del Área Metropolitana.
Las investigaciones continúan y la Fiscalía evalúa nuevas actuaciones procesales, entre ellas la aplicación de principios de oportunidad con algunos de los implicados. El caso se ha convertido en uno de los expedientes más relevantes sobre presunta corrupción en entidades metropolitanas, por la magnitud de los recursos comprometidos y por las implicaciones políticas e institucionales que rodean a los hechos ocurridos durante ese periodo administrativo.
