La Fiscalía General de la Nación inició indagaciones para establecer si existió responsabilidad penal de la Nueva EPS en la muerte de Kevin Acosta, un niño de siete años diagnosticado con hemofilia A severa que, según organizaciones médicas, estuvo al menos dos meses sin recibir su tratamiento.
Un fiscal de la Unidad de Vida fue asignado al caso para verificar las circunstancias relacionadas con la atención del menor. El fallecimiento se registró el pasado 13 de febrero, luego de que el niño fuera hospitalizado tras sufrir una caída en bicicleta que derivó en complicaciones neurológicas.
La Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer) informó que el menor presentó un sangrado cerebral que comprometió su estado de salud. De acuerdo con esa organización, el niño no tuvo acceso al medicamento requerido desde diciembre de 2025.
La Sociedad Colombiana de Pediatría emitió un comunicado en el que solicitó a las autoridades adelantar las investigaciones correspondientes. La organización señaló su preocupación por cualquier interrupción en el acceso a tratamientos esenciales para enfermedades crónicas de alto riesgo, especialmente en pacientes pediátricos que requieren manejo continuo y especializado.
Por su parte, la Nueva EPS confirmó que el menor se encontraba afiliado al régimen subsidiado y que su atención médica se realizaba en Pitalito, Huila, donde recibía tratamiento profiláctico cada 28 días. La entidad indicó que Kevin había recibido el medicamento de manera regular desde octubre de 2019 hasta el 14 de diciembre de 2025, fecha en la que se aplicó la última dosis.
Posteriormente, la madre solicitó un traslado temporal de la atención a Charalá, Santander. Según la EPS, el nuevo prestador asignado, Integral Solutions, programó la aplicación del medicamento para el 27 de enero en Bucaramanga. Sin embargo, la familia pidió finalizar la portabilidad y regresar a Pitalito. La entidad sostuvo que esta decisión afectó la continuidad del tratamiento, aunque aseguró que gestionó de inmediato la prestación del servicio en el municipio de origen.
La familia del menor presentó una versión distinta. Sergio Torres, primo de Kevin y también paciente con hemofilia, afirmó que la IPS Integral Solutions no pudo continuar con el tratamiento debido a la ausencia de contrato con la EPS. En declaraciones a medios de comunicación, señaló que la madre tuvo que desplazarse a Cali, donde, según su relato, tampoco fue posible continuar el proceso por razones contractuales.
A su vez, el presidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos, Sergio Robledo Riaga, indicó que existen decenas de pacientes que no han recibido medicamentos desde diciembre. Según explicó, tiene registro de alrededor de 50 personas con diagnóstico de hemofilia en situación similar, tanto adultos como menores, que no habrían accedido a sus tratamientos durante enero y febrero de 2026.
La investigación de la Fiscalía busca establecer si hubo omisiones o fallas en la prestación del servicio que puedan configurar responsabilidad penal en relación con la muerte del menor.
