Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que mantenga la vigilancia sobre el proceso relacionado con el asesinato de su hijo. La petición se conoció luego de declaraciones públicas del abogado Alejandro Carranza sobre el estado del caso ante ese organismo internacional.
Uribe Londoño afirmó: «Como padre de Miguel Uribe Turbay y en nombre de mi familia, solicito a la CIDH que continúe vigilando el proceso por el asesinato de mi hijo.» En su pronunciamiento, señaló que «Miguel no fue una narrativa, ni un discurso, ni una estrategia política.» Agregó que «Su asesinato fue un crimen de lesa humanidad, resultado de la violencia política y de la polarización extrema.»
Asimismo, sostuvo que «Es perverso engañar al país con información falsa. Insinuar su instrumentalización o convertir su muerte en una disputa política revictimiza a nuestra familia y hiere a la sociedad entera.» Finalmente, manifestó: «Exigimos protección, orden y justicia para las víctimas y para Colombia.»
Las declaraciones del padre del senador se produjeron luego de que el abogado Alejandro Carranza asegurara que la CIDH cerró el caso y negó las medidas cautelares solicitadas. Carranza afirmó: «La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha cerrado el caso y ha negado las medidas cautelares solicitadas por el abogado Víctor Mosquera.» Según indicó, «Esta decisión internacional marca el fin de una narrativa polarizante que se había presentado ante la Comisión de acusaciones, y la Fiscalía y los medios de comunicación.»
Carranza agregó que, con el cierre del caso por parte de la CIDH, «se abre un nuevo capítulo en la investigación. Ahora se enfocará en determinar la presunta responsabilidad penal y disciplinaria de quienes injustamente acusaron al Presidente Gustavo Petro y al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Ing. Augusto Rodríguez, por el ataque mortal al senador.»
Ante estas afirmaciones, el abogado defensor de la familia de Miguel Uribe Turbay, Víctor Mosquera, respondió públicamente. En su pronunciamiento expresó: «No sea miserable, HombreJurista, y tenga el valor de etiquetarme cuando pretenda formular ese tipo de afirmaciones malintencionadas. Asolapado.»
Mosquera explicó que «Las medidas cautelares fueron cerradas por la CIDH luego de que el Estado colombiano demostrara la existencia de investigaciones serias, independientes y adecuadas por parte de la Fiscalía, hecho que hemos reconocido expresamente desde la propia representación de las víctimas igual seguimos atentos a que no tengan desviaciones por presiones políticas.» Añadió que «Asimismo, se acreditó la adopción posterior de medidas de seguridad para la familia, orientadas a mitigar los riesgos existentes, es decir, la protección que debió haberse otorgado desde un inicio. Nosotros mismos informamos el aumento de la seguridad.»
El abogado señaló además: «Lamentablemente, Miguel fue víctima de un crimen atroz que cegó su vida y las medidas cautelares perdieron su objeto preventivo. El riesgo se materializó y la situación dejó de ser una amenaza para convertirse en una violación consumada de derechos humanos, atribuible al Estado por omisión en su deber de prevención.»
En su respuesta, Mosquera también indicó: «Conviene recordarle, además, que su cliente, el director de la UNP, iba a ser imputado y esto aún sigue al igual que todos los procesos internos, circunstancia jurídicamente relevante que usted omite de manera conveniente.» Añadió que «al no haberse archivado el caso en su dimensión estructural, la CIDH mantiene abierto el monitoreo sobre esta situación, el gobierno le debió compartir el texto completo.»
Finalmente, el abogado manifestó: «Agradezco su peculiar entusiasmo y como tergiversan desde el gobierno lo ocurrido por medio de sus abogados, esto sin duda servirá para seguir informando a CIDH dentro del monitoreo que esta realizando sobre el Caso Tania Reneaum, José L. Caballero y Rosa María Payá.»
