Por su situación estratégica como corredor de drogas, la crisis conflictiva en el Cauca se agrava, a falta de una acción decidida del gobierno; en el suroccidente colombiano la violencia parece inevitable, tras ocupación ilegal de tierras.
Es evidente que la ocupación hostil que hacen los colectivos violentos, tiene al CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) al frente de una enorme responsabilidad política y social frente al país, al ser el mayor sospechoso de organizar la toma indebida de tierras, una organización que supera las 26 millones de hectáreas bajo su administración y que recibió dineros por más de 10 billones de pesos en el mandato anterior.
Aprovechando la línea ideológica e irracional del nuevo gobierno que pretende imponer el diálogo a como dé lugar; indígenas avanzan en su reclamación por más tierras.
Al contrario del llamado de la ministra de Agricultura quien irresponsablemente señala a quienes exigen el imperio de la ley, como personas que “están del lado de la guerra”.
Es más que evidente, que defender tierras propias que son legalmente reconocidas, no es estar de lado de la violencia, sino de las normas básicas de convivencia de la Nación; ya que estar del lado de la legalidad es garantizar la paz; es el principio de toda democracia.
Pero aparte de esto, una desmoralización sistemática de las fuerzas armadas ha ocasionado, el retiro masivo de 52 generales rompiendo las jerarquías y el orden de mando militares; es muy inconveniente para el país, y da el mensaje de que invadir tierras en Colombia, pasa a ser permitido por las autoridades.
Haciendo sospechar a la opinión pública, de que el problema del Cauca pueda ser parte de la estrategia del gobierno, valga decir, para avanzar hacia el modelo socialista de producción donde los agentes privados no tienen lugar, ni voz, ni voto, ni derechos.
Con el nuevo ejecutivo, sus ministros y parlamentarios, que buscan reconfigurar el país, el mensaje institucional genera gran preocupación; ya que el gobierno actual pareciera ser que no está para mejorar las condiciones de la gente, sino para construir un autoritarismo, desbaratando el Estado de Derecho.
Lo que ha obligado a las comunidades afro de las zonas bajas, a pensar seriamente a falta de las fuerzas del orden, a defender con mano propia su vida, su propiedad privada, su acceso al trabajo y su libertad.
