La fuga de Juan Sebastián Montoya Cardona, exsubdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y condenado por múltiples delitos, volvió a poner en el centro del debate los vacíos institucionales alrededor de la custodia de personas privadas de la libertad y los antecedentes de funcionarios que ocuparon cargos estratégicos del Estado.
Montoya se evadió mientras asistía a una cita médica, pese a estar cumpliendo una condena de 10 años de prisión; quien cumplía una condena de 10 años en la Cárcel Departamental de Yarumito, en Itagüí.
De acuerdo con información preliminar, la huida se habría concretado hacia las 9:00 a.m. del pasado lunes 19 de enero, pero la notificación a la Estación de Policía de Bello se habría realizado cerca de las 4:00 p.m., lo que implicaría un retraso de siete horas y generó cuestionamientos sobre la activación de los protocolos de búsqueda inmediata.
Montoya Cardona construyó parte de su trayectoria en despachos judiciales del municipio de Bello, donde ejerció como inspector de Policía. Desde allí ganó visibilidad local y posteriormente buscó proyectarse políticamente como aspirante a la Alcaldía, con apoyos de sectores alternativos. Sin embargo, su carrera quedó marcada por el proceso judicial que lo llevó a prisión.
La condena estuvo relacionada con el escándalo que sacudió al juzgado primero civil del circuito de oralidad de Bello. De acuerdo con decisiones judiciales, el juez Jairo de Jesús Giraldo Naranjo y otras personas conformaron una estructura para tramitar de manera irregular acciones de tutela, procesos de pertenencia y procesos verbales.
A los interesados se les exigían pagos que eran distribuidos entre los involucrados a cambio de fallos favorables. Montoya fue identificado como uno de los participantes en ese entramado.
Pese a esos antecedentes, el abogado llegó a Bogotá para ocupar la subdirección de la UIAF, un cargo de alto nivel encargado del análisis financiero y la detección de operaciones sospechosas. Su paso por la entidad quedó bajo escrutinio cuando estalló el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que derivó en investigaciones sobre posibles redes de influencia entre distintas dependencias del Estado.
El 13 de mayo de 2024, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria para establecer si existieron conductas de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos que habrían involucrado a su entonces jefe en la UIAF, Luis Eduardo Llinás Chica, quien renunció al cargo meses después.
En declaraciones, Montoya había sostenido que, como inspector de Policía en Bello, denunció estructuras dedicadas a la venta ilegal de lotes y enfrentó amenazas de grupos delincuenciales, razón por la cual solicitó protección de la Unidad Nacional de Protección. Ese acompañamiento no se concretó antes de su captura.
La evasión del exsubdirector de la UIAF, en medio de investigaciones abiertas y con una condena vigente, expuso nuevamente las fallas en los mecanismos de control, seguimiento y custodia, así como las decisiones que permitieron su llegada a un cargo clave dentro del aparato estatal.
