A menos de diez días del fallo definitivo en el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, un grupo de juristas colombianos emitió un concepto jurídico conjunto en el que advierten sobre las implicaciones del caso y el uso del lawfare —o guerra jurídica— como una herramienta política que, según afirman, estaría afectando la independencia del sistema judicial en Colombia.
En un documento divulgado este 20 de julio, más de 40 académicos, abogados y exmagistrados calificaron el proceso como “un burdo montaje y una campaña de descrédito” contra el exmandatario. La afirmación se sustenta en la revisión de 67 audiencias públicas, análisis de pruebas, peritajes técnicos y testimonios, y concluyen que “no hay pruebas para condenarlo”.
Según el pronunciamiento, el caso judicial que enfrenta Uribe desde hace siete años es presentado como uno de los ejemplos más notorios del lawfare en América Latina. Esta práctica, explican, se refiere al uso de herramientas legales “para perseguir, deslegitimar o silenciar a adversarios políticos”, utilizando el aparato judicial con fines distintos a la administración de justicia.
Los firmantes señalan que el proceso penal ha estado marcado por una serie de irregularidades, entre ellas una interceptación telefónica “ilícita ordenada por ‘error’ de la autoridad judicial en marzo de 2018”, que continuó por más de un mes pese a la advertencia de dicha anomalía. Además, denuncian que se incluyeron en el expediente grabaciones de conversaciones entre el expresidente y sus abogados —aun cuando gozan de reserva legal— y que se filtró información procesal a medios de comunicación con el propósito de incidir en la percepción pública.
“El lawfare se manifiesta en diversas formas, desde la apertura de procesos penales infundados hasta la manipulación de la opinión pública”, se lee en el comunicado, el cual agrega que esta estrategia también puede consistir en “establecer obstáculos judiciales respecto de ciertos perfiles políticos para impedir su carrera electoral”.
Los juristas advierten que este fenómeno no solo afecta la política, sino que también “impacta profundamente la independencia judicial, un pilar fundamental de la democracia”. En ese sentido, alertan sobre el daño institucional que puede ocasionar el uso del derecho como instrumento político, así como la pérdida de confianza ciudadana en las decisiones de jueces y fiscales.
Entre los firmantes figuran nombres como Germán Calderón España, Mauricio Fajardo, Rodrigo Escobar Gil, María Cristina Cuéllar, Blanca Eugenia Uribe, Germán Henao Jaramillo, Ernesto de Francisco Llorerda, María Clara Posada Caicedo, Freddy Succar Chediac y Juan Álvaro Vallejo Tobón, entre otros.
Finalmente, el grupo hace un llamado a que la sentencia que se emita en el caso Uribe esté “estrictamente fundada en consideraciones de derecho, ajenos a cualquier polarización política”, y que se garantice “un sistema judicial robusto, imparcial y verdaderamente independiente, como exigencia básica para la consolidación de nuestra democracia y del Estado de Derecho”.
