Esta es la primera parte de la entrevista que, en exclusiva, le concedió el abogado y político Rafael Nieto Loaiza, ex Viceministro del Interior y de Justicia, entre 2003 y 2004 y pre- candidato presidencial en 2018; a nuestra colaboradora María Cristina Isaza.
En ella hablaron sobre su posición en lo político y económico, de reforma tributaria, drogas, migración venezolana, etc… Conozcan muchas de sus opiniones en este primer segmento de la conversación.
- MARÍA CRISTINA ISAZA: En la descripción de su cuenta de Twiter dice “Impulsor de la Gran Alianza Republicana” ¿Nos puede explicar qué es esto?
RAFAÉL NIETO LOAIZA: La Gran Alianza Republicana nace frente a la necesidad que tenemos aquellos que nos ubicamos en el espectro ideológico del centro a la derecha y que coincidimos en defender la democracia representativa, las libertades y la economía de mercado. En esa defensa debemos aliarnos todos para poder enfrentar, en Colombia y en América Latina, los avances y ataques de la izquierda, que se ha tomado ya varios países y amenaza otros como el nuestro. Esa Gran Alianza pretende recoger a quienes tenemos esas coincidencias para que nos organicemos y respondamos de manera coordinada y proactiva frente a ese peligro
- MCI: ¿Cuál o cuáles de las siguientes propuestas impulsaría en su gobierno: Disminución de estado, bajar impuestos, desregular contratación, federalismo, sistema de vouchers escolares, flexibilización laboral, salario mínimo regional, impulsar libre comercio internacional? ¿Otra, cúal?
RNL: Todas, menos federalismo. Creo en la descentralización profunda y en que Colombia es un país de regiones y no puede entenderse ni gobernarse desde Bogotá, pero con las amenazas del narcotráfico y los grupos terroristas dar el salto al federalismo es inoportuno y peligroso. Tampoco el salario mínimo regional. En las circunstancias actuales del economía sería muy complicado.
- MCI: ¿Cuál considera que es el camino y las estrategias más urgentes a implementar para la recuperación económica de Colombia después de este mal año?
RNL: La clave para la recuperación económica, y por tanto, para la reducción de la pobreza, es generar empleo: La mejor de las políticas sociales es la generación de empleo. La red de asistencia social del Estado nunca podrá entregarle al ciudadano lo que el empleo sí. Ni en términos de ingresos monetarios ni en términos de dignidad. El trabajo dignifica. Quien depende de sí mismo y de su trabajo se empodera mucho más como individuo que quien se ve sometido a tener que depender de un subsidio estatal. La clave, por tanto, es poner en marcha los mecanismos que permitan generar tanto empleo y de manera tan rápidamente como sea posible.
Dentro de las medidas para generar empleo están todas aquellas que fortalezcan a las empresas, desde la micro a la grande, para estimular la contratación de nuevos empleados, las que favorecen nuevos emprendimientos y las que permitan mejor formalización. Para cada uno de sus propósitos hay una batería distinta de alternativas que van desde premiar con reducciones impositivas a las empresas que contraten de manera permanente nuevos empleados hasta la exención de impuestos, eventualmente progresiva en el tiempo, a nuevos emprendimientos.
- MCI: El actual presidente de USA, cuando era Vicepresidente en el gobierno Obama, fue un gran promotor del acuerdo de paz y estos acuerdos fueron apoyados por el gob Obama, quien incluso nombró a Bernie Aronson (quien esperaba que los colombianos “escogiéramos la paz”) como enviado especial para darle seguimiento al proceso de paz e incluso el Secretario de Estado John Kerry se entrevistó con las FARC en Cuba. También vimos que el programa de ayudas pasó de PLAN COLOMBIA (recursos para lucha contra narcotráfico) a PAZ COLOMBIA (recursos para post conflicto) Este cambio de enfoque en la lucha antidrogas, causó en parte, que pasáramos de 60.000 hectáreas al final del Gob Uribe 2010 a 210.000 al final del Gob Santos 2018. Dados estos eventos, ¿cómo cree que el actual gobierno Biden va a manejar el tema de las drogas y su relación con Colombia?
RNL: Es difícil pensar que el Gobierno de Biden, va a tener un comportamiento distinto al que tuvo Obama. Lo que es previsible es que Biden tenga una línea similar a la de Obama en materia de lucha contra el narcotráfico.
En esto habría que decir que, en general, las políticas de los Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico, desde la creación y puesta en marcha del Plan Colombia, han sido bipartidistas y se han mantenido en el tiempo, con independencia del color o el partido al que pertenece el presidente de turno en los Estados Unidos. Para Colombia es deseable que se mantenga esa política bipartidista y no hay nada que haga pensar que Biden no va a continuar con las líneas generales de esa política. Sin embargo, no deja de ser deseable que el gobierno de Duque le expliqué a la nueva administración norteamericana los problemas que en materia de lucha contra el narcotráfico se generan, a partir de la firma del componente sobre ese asunto, en el acuerdo de Santos con las FARC, en particular, lo que tiene que ver con las transferencias monetarias desde el Gobierno central a los narcos cultivadores que se comprometen a hacer erradicación voluntaria. Esas transferencias monetarias, son en buena parte, un incentivo para los narcocultivos, son lo que explican el crecimiento desmesurado de los narcos cultivos entre el año 2014, cuando se firmól componente de narcotráfico del pacto entre Santos y las Farc, y el inicio de la administración del presidente Duque.
Hay que recordar que los narco cultivos encuentran su punto más bajo en el año 2013 con 48 mil hectáreas de coca, y hay también en ese año la menor producción de cocaína: 290 toneladas. Sin embargo, en el año 2019 teníamos 154 mil hectáreas y 1.137 toneladas de cocaína producidas. Ese salto, repito, está íntimamente ligado al estímulo perverso que esas transferencias monetarias directas a los narco cultivadores se hacen desde el Gobierno Nacional. Esas transferencias suponen una ruptura al principio de igualdad frente a la ley para premiar a quienes delinquen y le dan el mensaje al campesino que siempre ha respetado del Estado de derecho y nunca ha transgredido el Código Penal para abandonar sus cultivos de papa, yuca o café y pasarse a los ilícitos y a la coca en particular, porque ese campesino verifica que a él el Estado no le da la mano y que, en cambio, al que delinque sí. Además, hay un uso de esos recursos por parte del campesino narco cultivador que erradica aquí donde se compromete pero con los dineros que recibe siembra de nuevo unos centenares metros más allá en la selva. Desmontar esa política de subsidios resulta fundamental y hay que reemplazarla por una intervención integral del Estado en las áreas de narco cultivos y la generación de proyectos productivos que beneficien a toda la población y no solamente a los narco cultivadores. Que la nueva administración norteamericana entienda este efecto perverso del pacto de Santos con las FARC sería muy útil para ser, hacia adelante, más efectivos en la lucha contra el narcotráfico.
- MCI: ¿Qué responde a quienes afirman que en Colombia no hay DERECHA, sino izquierda blanda social demócrata e izquierda dura radical? O como dice la cuenta twittera NOSTRABAMUS: La ultraderecha en Col es tan solo un socialismo cristiano antisubversivo
RNL: Yo ciertamente no soy de ultra derecha ni tengo ningún interés en serlo, pero mi posición está lejos de ser una socialista o de izquierda blanda o de centro izquierda o de centro. Mi posición es claramente de DERECHA, tanto en la defensa de la democracia, en su sentido más profundo, que he denominado en distintas ocasiones “Democracia Republicana”, no por referencia al partido político en los Estados Unidos, sino al modelo de República en la defensa de los derechos y libertades ciudadanas y en la defensa de la economía de mercado, como el mejor modelo económico para la generación de riqueza, de la creación de empleo y la disminución de la pobreza en nuestras sociedades.
- MCI: ¿Qué opina del anuncio del gobierno de presentar al congreso una propuesta de Reforma tributaria y fiscal? Cuales iniciativas considera que debería contener?
RNL: Lo primero que hay que decir es que cualquier reforma tributaria en este momento es inoportuna si va dirigida a aumentar la carga efectiva de tributación en cabeza de los ciudadanos, de las empresas, desde las micros hasta las grandes, yde los ciudadanos independientes, que apenas están levantando cabeza después de la paliza recibida con ocasión de los confinamientos usados como mecanismo para atajar la propagación del Covid 19. Lo segundo es que es inconveniente presentar cualquier propuesta de reforma tributaria sin antes ofrecerle al ciudadano hechos concretos de ahorro por parte del Estado. En particular la disminución del gasto público y el recorte del tamaño del Estado. Tercero, ninguna reforma tributaria tiene sentido si su efecto es alejar la inversión o desestimular a las empresas y a los independientes. Lo que una reforma tributaria debe buscar es crear condiciones para generar riqueza, inversión y la formalización, de los que hoy son informales, para que las empresas y los emprendedores se queden en Colombia y no para que se vayan. Cuarto, si la reforma tributaria fuese una que va en dirección de reducir burocracia, introducir austeridad, recortar el gasto y también por el otro lado, generar nuevos estímulos para el emprendimiento y para la generación de empleo, será aplaudible, de otra manera es un grave error.
- MCI: ¿Está de acuerdo con la propuesta del congresista Gabriel Santos de incluir la eliminación de las consejerías presidenciales en la reforma tributaria?
RNL: Esa es una propuesta muy puntual. Evidentemente coincido en que hay que examinar cuáles de esas consejerías tienen o no tienen sentido y es probable que muchas de ellas no lo tengan. También hay que verificar si algunas de esas consejerías desarrollan en paralelo de funciones que son competencia de los ministerios y, por tanto, hay una duplicación del aparato estatal para, en teoría, cumplir los mismos objetivos. Pero, lo que también tengo claro es que aun cuando se eliminaran todas las consejerías la disminución de burocracia o el recorte del gasto sería muy menor. Hay otros temas del Estado donde hay que hacer podas mucho más largas y mucho más profundas y que en términos presupuestales son mucho más importantes que las consejerías. Hay agencias del Estado que no se justifican, que pueden fusionarse, que tienen un exceso de contratos de prestación de servicio y de burócratas. Hay que reducir el tamaño del Congreso y hay que establecer límites a los salarios de los altos funcionarios. Todas esas son tareas que suponen un mayor ahorro y que por tanto, deberían estudiarse. Y con esto, repito, no estoy diciendo que no haya que examinar las competencias y funciones de las consejerías. Estoy de acuerdo en hacerlo y aplaudo la propuesta. Lo que digo es que eso, en mi opinión, es simplemente una porción muy pequeña de lo que debería hacerse.
- MCI: ¿Qué opina de la regularización de migrantes venezolanos en Colombia y cómo afrontar este nuevo reto?
RNL: Yo creo que es un gesto humanitario que merece reconocimiento. Creo que además lo hace un Estado subdesarrollado, no una gran potencia y eso tiene mayor mérito. Creo que también, de alguna manera, es un gesto de reciprocidad con los venezolanos, a quienes hay que reconocerles que durante los setentas y los ochentas, cuando ellos estaban boyantes, recibieron muchos ciudadanos colombianos en su territorio. Creo también que, contrario a lo que muchos piensan, muy seguramente la regularización va a mejorar el panorama laboral para muchos colombianos. Sé que mi respuesta en esto es contra intuitiva. Hay gente que sostiene que el Estatuto de Protección Temporal lo que hace es fortalecer la competencia de los venezolanos en relación con los colombianos en la búsqueda de empleo. Creo que es exactamente al revés. Creo que había muchos que se aprovechaban de la condición de ilegalidad de los venezolanos en Colombia para ofrecerles condiciones laborales a esos ilegales por debajo de los estándares y de lo que la ley colombiana obliga y que la regularización va a impedir que tal cosa ocurra y que, por tanto, ahora esos venezolanos van a competir en las mismas condiciones con la mano de obra colombiana. Y eso es preferible a lo que teníamos antes, donde la balanza se inclinaba aprovechándose de la ilegalidad a favor de la contratación de venezolanos en esa condición. Por último, no es menos ciertio que hay preguntas que son importantes, que tienen que ver con la capacidad del Estado colombiano para proveer servicios públicos de asistencia a la población venezolana, migrante y vulnerable en nuestro país. Sobre eso, sin embargo, no tengo información suficiente como para ahondar en mi respuesta y no puedo sino solamente formular el interrogante.
- MCI: ¿Está de acuerdo con regular el consumo de azúcar o ponerle un impuesto para desestimular su consumo?
RNL: Yo tiendo a buscar políticas que supongan la menor intervención posible del Estado en general, esto incluye en la economía, y por lo mismo miro con desconfianza decisiones que vayan en la línea de regularizar o de normativizar la actividad económica en general. Lo que sí creo que es posible es establecer advertencias en las etiquetas de información que se tienen que tener en los empaques de los alimentos a consumir. Y creo que, además, esa información es la única manera para hacer transparente al consumidor e informarle sobre qué es efectivamente lo que está consumiendo y cuáles pueden ser los riesgos que tengan para su salud. Es decir, ese etiquetado contribuye a la defensa del consumidor sin que suponga una intervención excesiva del Estado en la regulación de las actividades económicas.
María Cristina Isaza
@cristinaisaza6
