Una queja interpuesta por el abogado Juan David Giraldo Mora, en contra del Alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha hecho que se le abra una investigación formal en esa entidad de control disciplinario por cohecho.
La queja disciplinaria le había sido interpuesta en cuando fue acusado el mandatario local por una presunta comisión de cohecho impropio, tráfico de influencias, cabildeo entre otras faltas disciplinarias, además de haberse anexado algunos hallazgos de la Contraloría General de la República que lo comprometen.
Es así, como la Procuraduría procedió a aceptar el caso y resolvió ordenar la remisión a la Procuraduría Regional de Antioquia al tiempo que ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que inicie el proceso judicial correspondiente; iniciándose el proceso de investigación formal por los hechos denunciados.
Estos hechos, concretamente se refieren a la violación, de lo estipulado en el Código Penal, Artículo 407 sobre Cohecho por dar u ofrecer. En este caso, la norma indica que “El que dé u ofrezca dinero u otra utilidad a servidor público, en los casos previstos en los dos artículos anteriores, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.”
El delito presuntamente se habría cometido en marzo de este año, cuando el alcalde de Medellín fue invitado al programa de Televisión del presidente Iván Duque, Prevención y Acción, en el que, según el abogado Juan David Giraldo, el alcalde no se limitó a entregar la información requerida sobre el avance de la vacunación, “sino que además presentó una solicitud al Presidente de la República para que este le autorizara la continuidad en funcionamiento de una infraestructura de salud provisional adecuada por la ciudad de Medellín denominada Clínica de la 80 (antigua Saludcoop) en la cual había hecho una instalación provisional de servicios de salud para atención de la pandemia”.
Señala el abogado Giraldo, que en ese programa, el Alcalde no solo le dijo que quería que la Clínica quedara para la ciudad, sino que además le dijo al Presidente Iván Duque, “que a cambio de que aceptara, le hizo ofrecimientos que son considerados cohecho”. Puntualmente, Giraldo le expuso a la procuraduría que en palabras textuales, Quintero Calle dijo “Señor presidente, si usted le da ese regalo a Medellín, le ponemos la Clínica Duque en honor a su papá que fue gobernador de Antioquia”.
La procuraduría ahora, investigará si dicho ofrecimiento explicito y directo, hecho el 30 de marzo, está violando las normas pues se trata del ofrecimiento de una “dádiva al presidente de la República a cambio de una Decisión Administrativa en cagor de las actuaciones de su cargo”.
Explica el abogado que “Daniel Quintero tomó la decisión de atender las carencias de infraestructura de salud, rehabilitando las instalaciones de la llamada clínica de la 80 propiedad de la intervenida Saludcoop y realizando en ella onerosas e irrecuperables inversiones que iniciaron costando 7 mil millones de pesos y a fecha de marzo de 2021 superaron los 31 mil millones de pesos”
En ese sentido, el abogado Juan Giraldo, señaló ante la procuraduría que “a pesar de conocer de las obligaciones y deberes de los funcionarios y de los mandatos sobre contratación por su experiencia laboral, el alcalde Daniel Quintero Calle, adjudicó por medio de la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, el contrato para las obras y trabajos necesarios para la clínica”. Señala Giraldo que esto fue estudiado por la Auditoría Especial de contratación por el Covid-19 del grupo de reacción inmediata de la Contraloría de Medellín, tras evaluar los contratos con números 3302-78 de 2020 y 3302-79 de 2020 encontrado varios hallazgos.
Entre los hallazgos de la contraloría, se encontró que el primer contrato firmado con LUIS OSCAR VARGAS ABONDANO y cuyo objeto fue el de obras de adecuación y puesta en funcionamiento de la clínica Saludcoop de la 80 en el municipio de Medellín, “el equipo auditor evidenció que dicho constrato se suscribió sin que el mencionado señor Luis Óscar Vargas Abondano, contara con la idoneidad suficiente para ejecutar un contrato de esta magnitud si se tiene en cuenta que uno de los elementos ensenciales de la oferta es la “seriedad””
La procuraduría igualmente aceptó el argumento que se aportó en la queja original en la que se reseñó la denuncia del concejal de Medellín, Alfredo Ramos, en el que señaló que “el susodicho contratista subcontrató irregularmente con terceros”, quedando claro que “el valor de los subcontratos firmados por Construcciones al Día, que no era el contratista real de la obra, asciende a la suma de $4.761.786.524 y que representa el 67% del varo del contrato de la obra, con lo cual “el contrato de entendimiento” es prácticamente un subcontrato; de lo cual se concluye que el señor Luis Óscar Vargas Abondano, carecía de capacidad administrativa y técnica para ejecutar el contrato que se suscribió con la EDU”. (Deslice el dedo sobre el documento para ver su contenido)
26-08-2021 IUS E-2021-191111 IUC D-2021-1864005 by Ifm Noticias on Scribd
Explica el abogado Giraldo, que con todo lo anterior, el alcalde “Daniel Quintero violó las normas, no solo de contratación, sino además sobre el favorecimiento de esta institución mediante su homologación de calidad para operar, no obstante sus posibles falencias y la connivencia del primer mandatario nacional con el señor Quintero Calle para que acalle toda posibilidad de cierre a cambio de una dádiva en la forma de nombrar la nueva entidad pública con el fallecido señor padre del presidente.”
La Procuraduría deberá establecer ahora con el inicio de la investigación, la violación del orden legal tipificando las conductas que hacen las normas sobre cohecho establecido en el código penal.
Para ello, la Procuraduría señaló que con base en los hechos descritos, “se hace necesario iniciar la indagación preliminar correspondiente a fin de determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que ocurrieron los hechos señalados en el escrito y la responsabilidad de los servidores públicos implicados.
Igualmente, dispuso la procuraduría que como los hechos ocurrieron en el municipio de Medellín, atendiendo la competencia, es necesario que la investigación se inicie en la Procuraduría Regional de Antioquia y resolvió además, compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, lo que lleva el tema a nuevas instancias que deberán también, dar inicio a expediente para la investigación judicial correspondiente.
