La Fiscalía General de la Nación confirmó que llegó a un acuerdo de principio de oportunidad con inmunidad total para María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, dentro del proceso que investiga posibles hechos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El pacto será presentado ante un juez penal municipal con función de control de garantías de Bogotá, quien tendrá que decidir si lo avala. La audiencia quedó programada para el próximo martes 22 de julio al mediodía. El trámite será liderado por la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, y contempla la concesión del principio de oportunidad por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
Según el ente investigador, la aprobación del acuerdo convertirá a Benavides en testigo principal de la Fiscalía dentro del caso y permitirá avanzar en la radicación de la solicitud de imputación de cargos en contra del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.
De acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía, Benavides habría fungido como intermediaria entre el Ministerio de Hacienda y el Congreso para gestionar la aprobación de operaciones de crédito externo ante la Comisión de Crédito Público. A cambio de ello, se habrían direccionado recursos a través de la UNGRD hacia regiones de interés de los congresistas involucrados.
Entre los municipios mencionados como beneficiarios de estos proyectos figuran Cotorra, en Córdoba; Saravena, en Arauca; y El Carmen de Bolívar, en Bolívar. Los contratos habrían sido canalizados a través de la UNGRD como parte del mecanismo supuestamente diseñado desde el Ministerio de Hacienda.
En el expediente también se menciona la participación del entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, con quien Bonilla habría sostenido reuniones sobre solicitudes del senador Mauricio Gómez Amín. En dichas conversaciones se habrían discutido condiciones para otorgar beneficios similares a los que presuntamente habrían recibido otros parlamentarios.
La Fiscalía también identificó a los congresistas que habrían sido favorecidos por estos procedimientos:
- Liliana Esther Bitar Castilla
- Juan Pablo Gallo Maya
- Wadith Alberto Manzur Imbett
- Julián Peinado Ramírez
- Karen Astrith Manrique Olarte
- Juan Diego Muñoz Cabrera
Durante una audiencia anterior, la fiscal Patiño detalló reuniones claves. El 5 de diciembre de 2023, Benavides y Diego Guevara se habrían reunido con congresistas de la comisión interparlamentaria en el Ministerio de Hacienda. En esa reunión se habría acordado que los proyectos de inversión se viabilizarían en el siguiente año, a cambio del respaldo a votaciones programadas en el Congreso.
La Fiscalía también señaló que Benavides participó en una reunión con el entonces director de la UNGRD, Olmedo López, en la que Bonilla habría solicitado tramitar los proyectos priorizados por algunos legisladores.
Adicionalmente, el expediente involucra a Jaime Ramírez Cobo, enlace del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) con el Congreso, por su supuesta intervención junto a Bonilla y Benavides en la gestión de estos proyectos.
