La Procuraduría General de la Nación abrió un proceso disciplinario contra el exalcalde designado de Girón, Santander, Javier Orlando Acevedo Beltrán, por presuntamente no acatar decisiones judiciales relacionadas con la definición de la Alcaldía municipal para el año 2022.
El Ministerio Público indicó que el entonces mandatario habría actuado por fuera de las funciones asignadas al omitir el cumplimiento de fallos emitidos por tribunales de alta instancia.
Según la Delegada Segunda para la Vigilancia Administrativa, Acevedo habría desatendido sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que declaraban la nulidad de la elección de Carlos Ramón Ochoa.
Estas decisiones reafirmaban que la administración debía ser asumida por Yulia Moraima Rodríguez Esteban, quien resultó electa en los comicios extraordinarios de junio de 2021. Para el ente de control, la falta de aplicación de estas órdenes habría afectado los derechos asociados al ejercicio democrático, particularmente el de elegir y ser elegido.
De acuerdo con la información divulgada por la Procuraduría, la conducta atribuida al exalcalde designado corresponde a una posible vulneración de los principios de moralidad e imparcialidad contemplados en la función pública. El organismo señaló que el incumplimiento de los fallos judiciales podría constituir una extralimitación en el ejercicio de sus funciones al no materializar lo dispuesto por las autoridades competentes frente a la titularidad del cargo.
El organismo de control calificó de manera provisional la presunta falta como grave y cometida a título de dolo, al considerar que Acevedo habría actuado con conocimiento de las decisiones judiciales que lo obligaban a ceder la administración municipal. Con esta formulación de cargos, el expediente continuará con la etapa de recolección de pruebas y la valoración jurídica correspondiente para establecer si existe responsabilidad disciplinaria.
El proceso se suma a un periodo de inestabilidad institucional en Girón, donde la alternancia entre fallos judiciales, designaciones temporales y litigios por la definición del cargo han marcado la actividad administrativa en los últimos años. La situación ha derivado en una serie de decisiones que han requerido la intervención de autoridades judiciales para resolver la titularidad de la Alcaldía, contexto en el que la actuación del exalcalde designado vuelve a quedar bajo revisión.
La Procuraduría reiteró que el proceso continuará su curso mientras se evalúan los elementos del expediente, con el fin de determinar si existió incumplimiento deliberado de los fallos que establecían la responsabilidad administrativa de permitir que Rodríguez Esteban asumiera el cargo para el cual fue declarada ganadora en 2021.
