Unidad Investigativa
El 1 de septiembre de 2025 la Aeronáutica Civil asumió la administración directa del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali, con el argumento de garantizar la continuidad del servicio mientras se estructuraba el proceso para adjudicar la terminal a un nuevo concesionario. Cinco meses después, la decisión transitoria se ha convertido en un escenario de tensiones operativas, contractuales y políticas que plantean interrogantes sobre la capacidad institucional de la entidad y sobre la transparencia en el manejo de los aeropuertos recuperados.
La Aerocivil, cuya función principal es aplicar la política pública, regular y coordinar el espacio aéreo y regular la actividad aérea en el país; hoy se encuentra absorbida por la operación directa de una infraestructura que mueve más de 8.800 operaciones mensuales y supera los 10 millones de pasajeros al año. Esa carga administrativa, que incluye logística, mantenimiento, relaciones contractuales y gestión comercial, no corresponde a su naturaleza técnica ni a su diseño institucional.
Una transición que no avanza hacia la concesión
Cuando la entidad tomó el control del Bonilla Aragón, el diagnóstico oficial advirtió un deterioro significativo en infraestructura y sistemas críticos, particularmente en pistas y equipamientos esenciales. Esa radiografía hacía prever la pronta estructuración de un pliego de condiciones para atraer oferentes interesados en asumir la concesión bajo un esquema de modernización.
Sin embargo, cinco meses después no se evidencia un proceso de licitación avanzado ni cronogramas públicos claros que indiquen cuándo se abrirá la competencia para adjudicar la terminal. La situación se replica en otros aeropuertos como el de Barranquilla, donde también se han señalado atrasos y falencias en la transición.
La ausencia de definiciones genera incertidumbre en un sector que requiere planeación de largo plazo. Las concesiones aeroportuarias no solo implican operación diaria, sino inversiones millonarias en infraestructura, tecnología, seguridad y expansión de capacidad, optimización de espacios y mantenimiento diario de locaciones. Cada mes de indefinición retrasa decisiones estratégicas que impactan la competitividad regional y la conectividad internacional, en el tercer aeropuerto de mayor importancia para el país.
Una entidad técnica convertida en operadora
La Aerocivil no fue concebida como una empresa operadora de terminales aéreas. Su rol es normativo, técnico y de supervisión. Al asumir la administración directa de Cali y Barranquilla, la entidad se expone a un desgaste operativo que puede comprometer su función principal de garantizar la seguridad aérea y la regulación eficiente del sector.
El volumen de operaciones en el Bonilla Aragón convierte la administración directa en una tarea de alta complejidad. La gestión diaria de contratos, arrendamientos, mantenimiento, seguridad aeroportuaria y atención a aerolíneas y usuarios exige una estructura administrativa robusta y especializada.
Fuentes del sector señalan que la entidad ha tomado decisiones orientadas a simplificar procesos ante la presión operativa. Esa simplificación, advierten algunos actores, puede traducirse en medidas que afectan derechos contractuales y generan tensiones con arrendatarios que históricamente han operado en la terminal bajo condiciones previamente pactadas.
Tensiones con arrendatarios y contratos en revisión
Uno de los focos de conflicto se encuentra en la relación con los arrendatarios del aeropuerto de Cali. Comerciantes y operadores que mantienen contratos vigentes afirman que la Aerocivil ha evitado renovar acuerdos y ha invocado la Ley de Garantías como argumento para frenar procesos contractuales.
La Ley de Garantías, que entró en vigencia el 31 de enero en el marco del calendario electoral, limita la celebración de ciertos contratos estatales. No obstante, algunos arrendatarios sostienen que la entidad habría reservado números contractuales para futuras adjudicaciones, sin que hasta el momento esos procesos aparezcan publicados en el Secop, plataforma obligatoria para la contratación pública; contratos que podrían ser entregados de manera directa sin respetar a los actuales contratistas en detrimento de las inversiones que les ha tocado hacer.
“Estos contratos deben ser publicados en el Secop, y hasta la fecha no hay nada”, señalan arrendatarios que consideran que la falta de claridad alimenta sospechas sobre la eventual asignación de espacios bajo esquemas cerrados. También advierten que la no renovación de contratos los deja en una posición de vulnerabilidad económica, especialmente cuando se trata de actividades que exigen cualificación profesional e inversiones significativas.
Impacto económico y riesgo de litigios
El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón no es solo una infraestructura estratégica para el suroccidente colombiano; es un nodo económico clave para la región. Comercios, operadores logísticos, concesionarios de servicios y proveedores generan empleo y encadenamientos productivos que dependen de reglas contractuales estables.
Si la administración directa deriva en decisiones unilaterales que afecten contratos vigentes o expectativas legítimas de renovación, podrían abrirse escenarios de litigio contra el Estado. Demandas por incumplimiento o afectación de derechos contractuales implicarían costos fiscales adicionales en un contexto de restricciones presupuestales.
Además, la incertidumbre contractual puede desalentar inversiones en modernización de locales y servicios. Los arrendatarios que han realizado inversiones cuantiosas requieren seguridad jurídica para recuperar capital y proyectar crecimiento. La percepción de inestabilidad reduce incentivos y puede afectar la calidad de la oferta comercial para los usuarios.
La variable electoral y la percepción política
En un año electoral, cualquier decisión administrativa adquiere una dimensión política. Algunos arrendatarios temen que la administración directa esté siendo utilizada para reconfigurar la ocupación comercial de los aeropuertos con criterios ajenos a la eficiencia o la competencia abierta. «Nos da la impresión que este gobierno quiere sacarnos para meter a su gente por compromisos políticos a dedo, sin criterio de experiencia o certificaciones que muchos de nostros debemos cumplir», señala uno de los afectados.
No existen pruebas públicas que acrediten esa hipótesis de los arrendatarios, pero la percepción de opacidad se alimenta cuando no hay información detallada sobre procesos contractuales futuros. La transparencia es el principal antídoto frente a sospechas. Publicar cronogramas, criterios de adjudicación y estados de contratación en tiempo real podría reducir tensiones y reforzar la confianza, según lo afirman los afectados.
El riesgo reputacional para la Aerocivil no es menor. Una entidad cuya misión es técnica y regulatoria debe evitar quedar atrapada en controversias políticas que desvíen la atención de su rol principal de garantizar la seguridad aérea y la conectividad nacional.
Barranquilla, un espejo de la misma problemática
La situación no se limita a Cali. En Barranquilla también se han reportado retrasos y falencias en la transición tras la recuperación del aeropuerto. Si ambos casos avanzan sin un calendario claro de concesión, el Estado podría verse obligado a sostener por más tiempo del previsto una operación directa que no estaba diseñada para asumir.
Al momento de tomar el control, la propia Aerocivil, afirmó que esta transicionalidad le permitiría estar como máximo, por 11 meses, y que esperaba estar menos tiempo para lo que actuaría en los procesos para las concesiones. Esto significa que le quedan 6 meses y los procesos, que toman tiempo, aun no inician.
El modelo de concesiones aeroportuarias en Colombia ha permitido, durante décadas, atraer inversión privada y modernizar infraestructura sin comprometer en exceso los recursos públicos. Retroceder hacia esquemas prolongados de administración estatal directa exige una capacidad técnica y financiera que la Aerocivil no posee y para la que no está preparada, pues no es su función principal.
Desde uno de los sindicatos de la Aerocivil, señalan que la entidad sí tiene competencia y experiencia en la administración de la infraestructura, pero lo hacen refiriéndose a los aeropuertos pequeños en los que se operan con un muy reducido flujo de operaciones y de pasajeros locales en pequeños aeródromos; recordando además, que «no es lo mismo el aerpuerto de Mitú, por poner un ejemplo, que el internacional Bonilla Aragón de Cali o el Ernesto Cortizos de Barranquilla, que son de otro nivel».
¿Qué está en juego?
En el fondo, el debate no es únicamente administrativo. Está en juego la eficiencia del sistema aeroportuario colombiano, la confianza de inversionistas y operadores, y la coherencia institucional entre regulación y operación.
Si la transición hacia nuevos concesionarios se dilata indefinidamente, la entidad corre el riesgo de desatender su misión regulatoria. Si, por el contrario, se acelera sin reglas claras, puede exponerse a cuestionamientos por falta de transparencia.
La solución pasa por definir públicamente un cronograma para la estructuración de los pliegos, abrir espacios de diálogo con arrendatarios y garantizar que toda contratación se publique oportunamente en el Secop, conforme a la ley y se respete a quienes tienen los contratos en aras de la seguridad jurídica.
Una decisión que no puede prolongarse
La administración directa del Bonilla Aragón fue presentada como una medida temporal. Cinco meses después, el carácter transitorio comienza a diluirse y la incertidumbre se convierte en el principal factor de desgaste.
El sistema aeroportuario requiere estabilidad, planeación y claridad contractual. Si la Aerocivil no define pronto el rumbo de la concesión, la transición podría convertirse en un problema estructural que afecte no solo a Cali y Barranquilla, sino a la credibilidad del modelo aeroportuario nacional.
La pregunta que queda abierta es si la entidad retomará su papel técnico y avanzará hacia un proceso competitivo y transparente, o si continuará atrapada en una administración directa que, por diseño institucional, nunca fue su vocación principal.
