Después de haber pasado muchas veces por el Congreso, el día de ayer la Plenaria del Senado con una amplia mayoría aprobó el acuerdo de Escazú, ahora pasará a la Cámara donde seguramente los disciplinados representantes, aprobaran sin mayores discusiones el acuerdo.
Pero el que implementemos esto en Colombia, que consecuencias puede llevar, en una rápida visión y en una tierra afectada por un innegable cambio climático, puede verse como la aplicación de unas practicas saludables que pretenden preservar el medio ambiente, el agua, la vida de los lideres ambientales, el derecho a la información, así como el controlar las practicas como la minería ilegal, hasta aquí todo muy bien, pero veamos los puntos negativos.
El ex presidente Álvaro Uribe en un comunicado indicó algunos puntos que pueden poner en riesgo la soberanía del país.
En su intervención en la Plenaria, la senadora María Fernanda Cabal, también mostró los riesgos que significaba la ratificación del acuerdo.
Escazú tiene como pilares fundamentales, el derecho de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia, vale la pena destacar que todos estos están contemplados en la legislación vigente.
Hay un peligro en el punto del acceso al la información, hay ciertas informaciones que para garantizar los derechos como a la libre competencia, se deben mantener en un principio reservados, además es un asunto que puede comprometer la seguridad nacional, esto también esta en legislación colombiana, el derecho de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia; que ya existen en el Derecho interno y que además, están contemplados en los Artículos 13, 23 y 25 de la Convención Americana.
Nuestra legislación también garantiza la participación popular el las decisiones que puedan afectar a la comunidad, la Constitución Política en el artículo 103 y en la Ley 134 de 1994, y el Convenio 169 de OIT garantizan la Consulta Previa y esto se ha comprobado cuando comunidades han frenado proyectos mineros, pero con el acuerdo organizaciones no gubernamentales podrían desconocer las consultas previas acudiendo a instancias internacionales que obligarían a los gobiernos y comunidades a cumplir lo que estas decidieran, incluso podrían frenar proyectos en curso, con el argumento de que se están violando los derechos humanos ambientales, esto puede generar costosas demandas en contra del Estado.
Básicamente lo que está contemplado en el acuerdo de Escazú, esta en el derecho interno colombiano, pero ahora quedaríamos sometidos a las opiniones de organismos que sin necesidad de estar acreditados en Colombia, pueden acudir a instancias internacionales para solicitar medidas cautelares que suspenderían de inmediato cualquier proyecto.
La aprobación de Senado ha dejado muestras como la mermelada de Gustavo Petro, esta funcionando perfectamente, un partido como el conservador antes había sido presentado ponencia negativa a la ratificación del acuerdo, ayer las cosas fueron al contrario, ¿Qué hizo que los honorables senadores conservadores cambiaran su opinión?.
Defensores del acuerdo destacan que este da garantías para la protección de la vida de los defensores ambientales, pero no mencionan que la mayoría de esos asesinatos se dan por las bandas de narcotráfico, que además son depredadores del medio ambiente.
Deja que pensar porque de si el acuerdo de Escazú es tan bueno y fue firmado por 24 países, hasta ahora solo 13 lo han ratificado, incluso uno de los países impulsores del acuerdo como lo es Costa Rica, aun no esta en su legislación.
Lo cierto es que el tema deja muchas preguntas, y la sensación de que muchos de los que defienden el acuerdo, lo hacen por la moda ambientalista sin valorar o conocer las implicaciones legales que puede conllevar la aplicación del Acuerdo de Escazú, como lo hizo el Senador Rodolfo Hernández que en un debate presidencial no supo que era el acuerdo de Escazú, pero que ayer voto a favor de la aprobación.
