Un nuevo capítulo de controversia política sacude al país tras conocerse, según información divulgada este mediodía por el canal RCN, que el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, habría recibido cédula de residencia en Nicaragua con apoyo del Gobierno Nacional, el mismo día en que fue imputado por la justicia colombiana.
González es requerido por las autoridades en el marco del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), caso en el que se investiga un entramado de presunto saqueo de recursos públicos y compra de congresistas. Actualmente, el exfuncionario se encuentra prófugo y su paradero había sido motivo de especulación. Sin embargo, la revelación periodística indica que se refugia en territorio nicaragüense, fortín del dictador comunista, Daniel Ortega, y amparado por un documento oficial que le concede residencia en ese país.
El informe periodístico detalla que la obtención de la cédula nicaragüense habría sido gestionada a través de canales diplomáticos o administrativos con participación de instancias del Ejecutivo colombiano, lo que ha despertado cuestionamientos sobre un posible uso indebido de recursos y competencias estatales para entorpecer la acción de la justicia. De confirmarse, este hecho no solo implicaría obstrucción judicial, sino también un favorecimiento directo a un procesado por hechos de corrupción, que se agrava, pues sería el ejecutivo en cabeza del presidente Petro, impidiendo a la justicia que actúe.
El escándalo de la UNGRD, en el que González figura como uno de los principales señalados, ha estado en el centro del debate público desde que salieron a la luz denuncias sobre la desviación de fondos destinados a la atención de emergencias y su presunto uso para fines políticos. La vinculación de un alto exfuncionario del Gobierno con este caso ya había generado un fuerte impacto, pero la información sobre su protección y traslado a otro país eleva la polémica a un nuevo nivel.
La noticia ha provocado reacciones inmediatas en sectores de oposición, que han solicitado a la Fiscalía General y a la Procuraduría abrir investigaciones para establecer responsabilidades y, de ser necesario, activar los mecanismos de cooperación internacional para la captura y extradición del exdirector del Dapre.
Mientras tanto, el Gobierno no ha emitido un pronunciamiento oficial frente a las acusaciones, aunque la presión mediática y política crece, en un episodio que podría tener serias repercusiones diplomáticas y judiciales.
