La exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, compareció este lunes 26 de mayo ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en el marco del proceso penal por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Ortiz fue trasladada desde la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, donde se encuentra privada de la libertad, en un vehículo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con un esquema de seguridad reforzado.
Su testimonio se relaciona con las investigaciones que involucran a los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, ambos recluidos en la cárcel La Picota y señalados de haber recibido dineros ilícitos para supuestamente influir en decisiones políticas e institucionales.
Según fuentes cercanas al proceso, Ortiz habría entregado detalles sobre el uso de recursos provenientes del escándalo de la Ungrd en hechos recientes de alto impacto institucional. Entre ellos figura la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional. Fernández fue Secretario Jurídico de la Presidencia antes de llegar al alto tribunal. También se investigan posibles irregularidades en la designación de la actual fiscal general, Luz Adriana Camargo.
Documentos en poder de la Corte Suprema indicarían que Sandra Ortiz y el senador Iván Name sostuvieron diálogos previos a la elección de Fernández, incluyendo una reunión privada en la oficina del Congresista, donde se habría tratado el tema de presuntos sobornos por un valor cercano a los $3.000 millones de pesos.
La Corte también señala que anticipos girados al contratista Impoamericana Roger SAS, en el marco de un contrato para la entrega de carrotanques en La Guajira bajo la dirección de Olmedo López, habrían sido redireccionados con fines distintos a los estipulados inicialmente. López se desempeñaba como director de la Ungrd en el momento de la ejecución del contrato.
En relación con el exrepresentante a la Cámara Andrés Calle, el alto tribunal investiga un presunto pago de mil millones de pesos realizado el 14 de octubre de 2023 en un apartamento de Montería. Ese dinero habría sido destinado, según la investigación, al financiamiento de campañas políticas de familiares del congresista durante las elecciones regionales en Córdoba.
Las defensas de Calle y Name solicitaron la revocatoria de la medida de aseguramiento, argumentando ausencia de riesgos procesales como fuga o interferencia en la investigación. En el caso de Calle, la defensa aseguró que los recursos provinieron de un préstamo privado concedido por el exsenador Pedro Castro. Una magistrada con postura disidente manifestó que no se probó afectación directa al patrimonio público.
La Corte señala a Sandra Ortiz como una pieza clave dentro del entramado investigado. Su papel habría sido el de intermediaria entre funcionarios de la Ungrd y los congresistas involucrados. Además, el alto tribunal destaca su cercanía con Iván Name, con quien habría coordinado encuentros y entregas de recursos.
El caso hace parte de una investigación más amplia sobre el presunto uso de recursos públicos desviados para la compra de apoyos legislativos durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Las diligencias continúan avanzando mientras se definen nuevas etapas en el proceso judicial.
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