La expresidenta de Camacol y actual concejal de Bogotá, Sandra Forero, emitió una advertencia sobre las implicaciones que podría tener la aplicación del Decreto 1166 de 2025, expedido por el Ministerio de Vivienda, que elimina la exigencia de licencia de construcción en los programas de mejoramiento, vivienda progresiva y construcción en sitio propio.
La medida, que entró en vigencia el pasado 4 de noviembre, permite la ejecución de obras mediante una carta de responsabilidad profesional, sin necesidad de tramitar una licencia formal. Según la cartera de Vivienda, el propósito es simplificar los procedimientos y promover la autogestión en los proyectos financiados con subsidios estatales.
Forero señaló que esta disposición representa un retroceso institucional y que la ausencia de licencias en programas que manejan recursos públicos podría generar incertidumbre jurídica, técnica y urbanística. En un video, advirtió que la falta de control formal podría poner en riesgo la seguridad estructural de las viviendas destinadas a las familias más vulnerables.
De acuerdo con las cifras del Plan Nacional de Desarrollo, la meta del Gobierno es realizar 400 mil mejoramientos de vivienda, aunque hasta la fecha se han concretado menos de 50 mil. Cada subsidio alcanza hasta los 31,3 millones de pesos, equivalentes a 22 salarios mínimos, lo que representa una inversión total de 12,5 billones de pesos que se ejecutarían sin el soporte de licencias de construcción.
El Decreto 1166 establece que la entidad operadora del subsidio o la entidad territorial tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas de sismo-resistencia y de los planes de ordenamiento territorial. A cambio del trámite de licencia, los proyectos tendrían que contar con una Carta de Responsabilidad expedida por un profesional certificado, que asumirá la responsabilidad sobre los aspectos técnicos y de diseño.
La normativa excluye las viviendas rurales individuales y aquellas localizadas en zonas de riesgo o de protección ambiental. Además, ordena la instalación de una valla visible desde la vía pública para informar que la obra se realiza bajo el nuevo régimen especial.
Forero reiteró que, con este cambio, se debilita el sistema de control técnico y fiscal del sector vivienda y que su aplicación coincide con una etapa de alta sensibilidad política, mientras el país mantiene un déficit habitacional cercano a los cinco millones de hogares.
