El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció mediante un video sobre la decisión judicial que suspendió de manera provisional el decreto que fijaba el aumento del salario mínimo para 2026.
En su mensaje, aseguró que su sector político no se opone al incremento salarial y centró su declaración en la necesidad de reducir cargas tributarias y costos para los emprendedores.
Uribe afirmó que la posición de su colectividad coincide con la de la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, y sostuvo que no existe oposición al aumento del salario mínimo. Indicó que el desacuerdo se enfoca en lo que calificó como una combinación de factores relacionados con la política económica y la situación de orden público. En su intervención mencionó la carga de impuestos, la inversión, la creación de empleo, la violencia y el tamaño del Estado como temas que, según dijo, deben ser corregidos.
En el video, el exmandatario planteó que el país requiere una política orientada a disminuir costos estatales y tributos para empleadores y emprendedores, al tiempo que se mantiene un salario mínimo que, en sus palabras, favorezca a los trabajadores. Señaló que la discusión no gira en torno al aumento salarial en sí mismo, sino al entorno económico en el que se aplica.
La reacción se produce después de que el Consejo de Estado ordenara la suspensión provisional del decreto expedido por el Gobierno nacional, medida que obliga a la administración a emitir una nueva regulación transitoria dentro de un plazo fijado por la autoridad judicial. Mientras se resuelve de fondo el proceso, el Ejecutivo debe establecer un valor provisional del salario mínimo siguiendo los criterios definidos en la legislación vigente.
Uribe vinculó su postura con la necesidad de estimular la actividad empresarial y sostuvo que la reducción de impuestos es un elemento central para promover empleo. También hizo referencia a la expansión del aparato estatal y a lo que describió como una parálisis de la inversión, aspectos que incluyó dentro de su diagnóstico sobre la situación económica.
El pronunciamiento se suma a las reacciones políticas conocidas tras la decisión judicial. El trámite del proceso continuará en el alto tribunal hasta que se emita una sentencia definitiva sobre la validez del decreto suspendido, mientras el Gobierno avanza en la expedición de una norma provisional que cumpla con los parámetros exigidos por la ley.
