El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, radicó ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes el proyecto de ley “Regulación Justa y Democratización del Sector Energético”, una iniciativa con la que el Gobierno busca modificar la estructura tarifaria del servicio público de energía eléctrica, especialmente para los usuarios de los estratos 1 y 2.
Según explicó el jefe de la cartera, la propuesta pretende garantizar un sistema más equitativo y transparente, promoviendo además la participación ciudadana y fortaleciendo el proceso de transición energética en el país.
“Vamos a ver una reducción en las tarifas de energía eléctrica, en la factura de millones de colombianos y colombianas. Ya hay usuarios pagando cero pesos en sus recibos de energía, gracias a decisiones políticas del Gobierno y del presidente”, señaló Palma durante la presentación del proyecto.
El ministro precisó que dentro del articulado se contemplan medidas como la revisión del cargo por confiabilidad, la regulación de los saldos de noción tarifaria y la promoción de programas de economía solar. “No se trata solo de bajar tarifas, sino de democratizar el sistema eléctrico del país. Queremos que los usuarios, trabajadores y la academia tengan participación real en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)”, agregó.
La iniciativa fue presentada ante la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes y está compuesta por 14 artículos que, de acuerdo con el Ministerio, buscan “bajar las tarifas de energía, proteger a los usuarios y modernizar el sistema eléctrico nacional”.
El documento, que se había anunciado desde agosto, no se radicó en esa fecha porque el Ministerio continuaba dialogando con los gremios del sector para lograr acuerdos sobre los principales puntos del texto.
Sin embargo, el ministro aseguró que, pese a no haberse alcanzado un consenso total, era necesario avanzar en la discusión legislativa. “El tema energético no había estado en debate después de 31 años, pero hoy se está hablando de energía. Hemos demostrado que las comunidades pueden pagar menos si instalan paneles solares o se organizan en comunidades energéticas”, puntualizó.
El proyecto busca también incentivar la generación distribuida y fortalecer la infraestructura eléctrica, permitiendo que las comunidades y entidades territoriales participen activamente en la gestión y producción de energía. Además, promueve la aplicación de tarifas diferenciadas que reconozcan las condiciones socioeconómicas de los hogares más vulnerables.
El Gobierno plantea que esta ley será un paso importante hacia una “transición energética solidaria y al servicio de la gente”, al tiempo que asegura un acceso más justo y sostenible a la electricidad en todas las regiones del país. La iniciativa entrará ahora en su fase de discusión en el Congreso, donde se espera que sea debatida durante el actual periodo legislativo.
