La magistrada de la Corte Constitucional, Natalia Ángel, afirmó que la crisis humanitaria en el Catatumbo continúa y señaló la necesidad de que el Estado adopte medidas coordinadas y sostenidas para garantizar la protección de las comunidades afectadas por la violencia y el desplazamiento.
Sus declaraciones se dieron tras las visitas realizadas por la Sala Especial de Seguimiento a esta región, en las que se constató que las problemáticas persisten pese a los compromisos asumidos por las autoridades.
En un pronunciamiento reciente, la magistrada indicó que la situación mantiene altos niveles de vulnerabilidad y que las acciones institucionales no han logrado garantizar la seguridad, la integridad ni la dignidad de los habitantes.
“Estas advertencias confirman que la crisis humanitaria en el Catatumbo persiste y reiteran la urgencia de una acción estatal coordinada, sostenida y efectiva para proteger la vida, la integridad y la dignidad de las comunidades”, manifestó Ángel.
Como resultado de los hallazgos, las salas especiales de seguimiento de las sentencias T-025 de 2004 y S-020 de 2022 emitieron de manera conjunta el Auto 244 de 2025. En esta decisión, la Corte solicitó a las autoridades nacionales y territoriales de la región información sobre las medidas implementadas para brindar atención integral a las personas desplazadas y confinadas, incluidas las que hacen parte del proceso de reincorporación de los firmantes del acuerdo de paz.
Durante las visitas territoriales, la Corte realizó encuentros en Cúcuta con víctimas y autoridades locales, además de recorridos en municipios y predios donde se prevé la reubicación de excombatientes desplazados. En dichos espacios se escucharon testimonios sobre las dificultades de acceso a derechos básicos y la falta de garantías para el retorno seguro de las comunidades.
El magistrado Héctor Carvajal también se refirió a los resultados de la evaluación e hizo énfasis en la lentitud del avance institucional. Señaló que el Pacto Social por el Catatumbo, considerado una de las principales estrategias para enfrentar la crisis y promover el desarrollo regional, aún no muestra resultados concretos. “Aunque fue suscrito en marzo de 2025 y en agosto se instaló su consejo directivo, persisten serias preocupaciones por su financiación y por la posibilidad de que no se traduzca en acciones efectivas”, explicó.
Carvajal agregó que los hallazgos reflejan una fragilidad institucional que se mantiene en la atención a las víctimas de desplazamiento y confinamiento. Según la Corte, la ausencia de medidas preventivas, la reacción tardía y la falta de articulación entre entidades han limitado el impacto de las políticas públicas.
El alto tribunal reiteró que, mientras las estrategias estatales continúen enfocadas en contener la emergencia y no en superarla, el estado de cosas inconstitucional declarado desde 2004 seguirá vigente, afectando a las comunidades que habitan el Catatumbo y que permanecen en condiciones de riesgo.
