La muerte de Kevin Arley Acosta, el niño de siete años que falleció el pasado 13 de febrero de 2026, reactivó los cuestionamientos sobre la situación del sistema de salud y el impacto de las intervenciones administrativas a las EPS.
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, sostuvo que este caso no puede tratarse como un hecho aislado dentro de la crisis estructural que enfrenta el sector.
De acuerdo con denuncias de la familia del menor y de la Liga Colombiana de Hemofílicos, Kevin no habría recibido durante aproximadamente dos meses el medicamento profiláctico Hemlibra, requerido para el manejo de su enfermedad. El señalamiento pone el foco sobre la prestación efectiva del servicio en una entidad que se encuentra bajo intervención estatal.
Rodríguez recordó que la Contraloría había advertido previamente sobre los riesgos asociados a las medidas de toma de control administrativo. En ese contexto, afirmó que las decisiones adoptadas para corregir fallas podrían generar nuevas dificultades si no se acompañan de una gestión técnica y de controles efectivos. “La cura puede terminar siendo peor que la enfermedad”, expresó al referirse a los efectos de las intervenciones.
El contralor indicó que el sistema de salud ya presentaba deficiencias antes de las intervenciones, incluidas investigaciones por responsabilidad fiscal relacionadas con recursos públicos. Sin embargo, precisó que la existencia de problemas previos no excluye la necesidad de evaluar lo que ocurre bajo la administración directa del Estado en las entidades intervenidas.
Uno de los puntos señalados por el jefe del ente de control fue la responsabilidad que asume el Gobierno cuando decide intervenir una EPS. En el caso de la Nueva EPS, la de mayor número de afiliados en el país, sostuvo que el Ejecutivo pasa a tener responsabilidad directa sobre su operación y, por tanto, debe responder por la calidad y oportunidad del servicio prestado.
Rodríguez también advirtió sobre dificultades en el flujo de recursos y en la gestión administrativa, aspectos que, según afirmó, deben revisarse con criterios técnicos. Señaló que la Contraloría no ha contado con información financiera completa de la entidad intervenida, lo que, a su juicio, limita el ejercicio adecuado del control fiscal. Indicó que la ausencia de estados financieros claros impide realizar auditorías con los estándares requeridos.
Frente al fallecimiento de Kevin Arley, el Contralor hizo un llamado al Gobierno Nacional para que el caso no se limite a explicaciones formales. Señaló que la situación exige revisar si el servicio de salud se está prestando conforme a las obligaciones legales y si las medidas adoptadas han logrado estabilizar el funcionamiento de las entidades intervenidas.
El pronunciamiento se suma a los cuestionamientos sobre la gestión del sistema frente a las intervenciones buscan corregir fallas históricas, mientras persisten denuncias por demoras en tratamientos y suministro de medicamentos.
