En entrevista exclusiva con IFMNOTICIAS, José Manuel Restrepo, exministro y actual rector de la Universidad EIA, analizó el incremento del 23 % del salario mínimo decretado recientemente por el Gobierno Nacional. Durante la conversación, abordó los fundamentos técnicos de la medida, sus efectos sobre el empleo formal, la informalidad, la inflación, la pobreza y las finanzas públicas, así como la viabilidad de una eventual demanda contra el decreto.
IFMNOTICIAS: Según los indicadores técnicos y teniendo en cuenta que hace algunos años ya se habría alcanzado el denominado “mínimo vital”, ¿existe sustento suficiente para este aumento salarial?
José Manuel Restrepo: Claramente, en este decreto no se siguió un procedimiento adecuado para la justificación del aumento del salario mínimo, porque se hace una modificación metodológica discutible al cálculo del salario vital. De hecho, ese salario vital ya se había alcanzado en el año 2022 con la metodología existente. La duda que queda es por qué se cambia la metodología en primer lugar y, por lo tanto, el rigor del mecanismo utilizado para el cálculo de ese mínimo vital y el procedimiento para justificar el decreto quedan en entredicho. Esto abre, entre otras cosas, una compuerta para una eventual demanda, porque el cálculo presenta serias dudas en la forma como se mide. Esto se basa, además, en estudios que han venido realizando Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana, y Camilo Herrera, de Radar.
IFMNOTICIAS: El incremento podría aumentar la informalidad laboral. ¿Cómo impacta este tipo de decisiones a las micro y pequeñas empresas, que concentran la mayor parte del empleo en Colombia?
José Manuel Restrepo: Sin duda alguna, esto conduce a lo que ha sucedido entre 2023 y 2025: aumentos desproporcionados en el salario mínimo incrementan la informalidad y disminuyen la proporción y el valor del número de personas que reciben un salario mínimo. El impacto recae principalmente sobre la micro, pequeña y mediana empresa, que constituye la gran mayoría de las empresas del país. La realidad las lleva a desvincular trabajadores, a no contratar o a informalizar las relaciones laborales, es decir, a desvincular trabajadores formales para pagarles menos, no cubrir prestaciones sociales y compensar así el aumento excesivo del salario mínimo. Esto ya ha ocurrido entre 2023 y 2025 y demuestra que este tipo de aumentos no son convenientes para la economía, pues incrementan el rebusque y afectan especialmente a las micro y pequeñas empresas.
IFMNOTICIAS: El incremento podría generar efectos inflacionarios y afectar el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables. ¿Cómo se da este proceso?
José Manuel Restrepo: El aumento es empobrecedor para la economía porque tiene un impacto en las expectativas de precios y de inflación. Esto puede impedir que el banco central reduzca las tasas de interés, haciendo más costoso el endeudamiento para empresarios y emprendedores. Se genera un efecto de precarización por el impacto inflacionario, que es el peor impuesto para los más favorecidos; un efecto por el aumento de la informalidad; otro por la desvinculación de trabajadores o la informalización de las relaciones laborales; y un efecto adicional por la pérdida de capacidad de compra de los ciudadanos. Al final, cerca del 90 % de la población colombiana se vería afectada por esta decisión.
IFMNOTICIAS: ¿De qué manera un mayor salario mínimo puede terminar traduciéndose en más pobreza?
José Manuel Restrepo: En la medida en que haya más inflación, se reduce la capacidad adquisitiva y se eleva la pobreza. Si se informaliza más la economía y crece el rebusque, aumentan los niveles de pobreza. Si se transforman relaciones laborales formales en informales, también hay más pobreza. Además, el aumento de costos en salud, vivienda de interés social y prioritario, servicios públicos y educación tiene un efecto directo de empobrecimiento.
IFMNOTICIAS: ¿Qué riesgos existen para la sostenibilidad de las finanzas públicas?
José Manuel Restrepo: Esto implica un costo adicional para cerca de un millón de funcionarios públicos que devengan el salario mínimo, un aumento en los costos de prestaciones sociales y efectos adicionales en Colpensiones. También genera mayores costos en servicios atados al salario mínimo y puede afectar el crecimiento económico por una menor inversión extranjera y un menor recaudo tributario. El impacto fiscal podría oscilar entre 6 y 10 billones de pesos.
IFMNOTICIAS: ¿Es viable demandar este decreto?
José Manuel Restrepo: Con base en la experiencia de 2016, creo que sí existe la posibilidad, especialmente por la falta de una justificación adecuada del incremento y por los efectos negativos sobre la dinámica económica. Es necesario generar un precedente: aunque el Ejecutivo tiene autonomía para expedir decretos, estos deben contar con sustento y responsabilidad en las decisiones que se toman.
