La situación financiera y operativa de Nueva EPS atraviesa uno de sus momentos más críticos tras confirmarse que enfrenta embargos judiciales por más de $2,1 billones, una cifra que compromete de manera directa su funcionamiento y el flujo de recursos para la prestación de servicios de salud en todo el país. Así lo informó la propia entidad, al advertir que estas medidas cautelares equivalen, en promedio, a la totalidad de su operación mensual.
De acuerdo con la información entregada, los embargos han sido ordenados por cuatro juzgados del país y se concentran en demandas presentadas por cerca de 95 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), de las cuales aproximadamente el 80 % corresponde a grandes entidades privadas del sistema. La cifra embargada se incrementó de forma acelerada en los últimos meses, en noviembre de 2025 pasó de $422.000 millones a $887.000 millones y recientemente superó los $2,12 billones.
Nueva EPS alertó que estos recursos incluyen dineros provenientes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), los cuales, según la Constitución y la ley, tienen carácter inembargable. El artículo 48 de la Constitución Política, así como las leyes 1438 de 2011 y 715 de 2001, establecen que estos fondos son de naturaleza parafiscal y están destinados exclusivamente a garantizar el derecho fundamental a la salud. A ello se suman pronunciamientos recientes del Ministerio de Salud y de la Procuraduría General que reiteran la prohibición de aplicar medidas cautelares sobre estos recursos.
Pese a este marco normativo, la EPS señaló que algunas decisiones judiciales han omitido estas disposiciones, generando el bloqueo de cuentas bancarias y la retención de recursos provenientes de distintas fuentes de financiación. En este contexto, la entidad opera casi exclusivamente con los giros directos semanales, lo que limita de forma severa su capacidad administrativa y financiera.
El impacto de esta situación no solo afecta a Nueva EPS, que cuenta con más de 11,7 millones de afiliados, sino también a una red cercana a los 5.000 prestadores de servicios de salud en todo el territorio nacional, muchos de los cuales dependen en gran medida de los pagos de esta EPS para su sostenibilidad.
La entidad informó que ha activado estrategias jurídicas y financieras para mitigar los efectos de los embargos y ha iniciado acercamientos con los despachos judiciales involucrados. Asimismo, notificó la gravedad del escenario a la Superintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de Salud y Protección Social y a la ADRES, solicitando acciones urgentes que permitan proteger los recursos y garantizar la continuidad del servicio.
Mientras avanza en la defensa legal, Nueva EPS reiteró el llamado a las autoridades para evaluar las consecuencias sociales y operativas de estas decisiones, subrayando que la sostenibilidad del sistema de salud y la atención oportuna de millones de usuarios están en juego.
