La Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió una alerta en la que advierte que el grupo armado ELN, aprovechó las restricciones derivadas de la pandemia del coronavirus para expandirse en el país.
Al mismo tiempo, señaló que ese grupo armado se convirtió en un obstáculo para la búsqueda de la verdad y la reparación de las víctimas del conflicto armado colombiano.
En 15 municipios donde la JEP adelanta varios procesos de exhumaciones y diligencias forenses, se registraron 17 hechos violentos entre el 25 de enero y 7 de febrero, que afectaron las labores de investigación y por ende la búsqueda de la verdad.
El Monitoreo de Riesgos de Seguridad de la Unidad de Investigación y Acusación estableció que “hay una tendencia hacia la reactivación del conflicto en las zonas a las que ha llegado el grupo guerrillero. Según el periodo analizado, esta misma guerrilla es el factor de mayor riesgo de ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos. Esto, sin contar otras estructuras como el Clan del Golfo, que se disputan a sangre y fuego el control de los territorios”.
También se identificó que el ELN se expandió en La Serranía del Perijá y la Sabana Araucana durante la cuarentena generada por el riesgo de contagio de coronavirus.
Además los campamentos en los que antiguamente se encontraban guerrilleros de las Farc
“El ELN se abrió camino en medio de la ausencia de una política integral por parte del Estado para consolidar la paz territorial”, advirtió la UIA.
También se concluyó que en 10 municipios del país es permanente la confrontación armada entre el ELN, la Policía y el Ejército y grupos criminales; buscan retornar a las zonas en las que operaron por muchos años y recuperar su control mientra que, en 10 municipios han incursionado por primera.
“26 municipios con presencia subestructuras urbanas de esta misma guerrilla y, finalmente, 228 municipios con presencia estable del ELN donde hay grados relativos de control territorial”, señala el informe.
Entre esas zonas se encuentran Hato Corozal, La Salina y Paz de Ariporo en Casanare, Barrancabermeja, Mistrató, Socotá y Toledo.
Según la investigación el ELN ha amenazado con paralizar la región del Catatumbo en Norte de Santander, donde se desplazaron 250 personas y un líder social fue asesinado en 15 días.
“Emboscadas, combates y atentados terroristas amenazan la seguridad de las comunidades”, aseguró la UIA.
