El Ejército de Liberación Nacional (ELN) comunicó la adopción de un cese al fuego unilateral durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, una decisión divulgada apenas días después de un paro armado que dejó un amplio impacto humanitario y de seguridad en distintas regiones del país.
El anuncio, hecho este el domingo 21 de diciembre, se produjo tras una seguidilla de acciones violentas atribuidas al grupo, que incluyeron cerca de 60 ataques entre el 14 y el 17 de diciembre, con un saldo preliminar de al menos cinco personas muertas.
En su pronunciamiento, el ELN indicó que la orden de suspender operaciones militares ofensivas comenzará a regir desde la medianoche del 24 de diciembre y se mantendrá hasta las primeras jornadas de enero de 2026. La organización armada presentó la medida como un gesto asociado a las celebraciones de fin de año, pese a que la semana previa estuvo marcada por atentados, bloqueos y amenazas que afectaron a una veintena de departamentos.
El comunicado incluyó referencias a la política internacional y a la presencia militar de Estados Unidos en la región, al tiempo que el grupo afirmó que el cese unilateral constituye un mensaje dirigido a la población. En ese mismo texto, la dirección nacional del ELN instruyó a sus estructuras a no adelantar acciones ofensivas contra la Fuerza Pública durante el periodo señalado, fijando una fecha de finalización para el 3 de enero de 2026.
Sin embargo, el anuncio no estuvo desligado de advertencias. El grupo armado dejó constancia de que, una vez concluido el cese, retomará las acciones armadas en el territorio nacional el próximo año. En el mismo documento, defendió su actuación durante el paro armado reciente y negó que sus operaciones hayan tenido como objetivo a la población civil, una afirmación que contrasta con los reportes oficiales de víctimas y afectaciones a servicios esenciales.
Las autoridades informaron que, durante los días del paro, se registraron explosiones en el sur de Cali que causaron la muerte de dos policías, así como un ataque en Norte de Santander que dejó un civil fallecido. En Cúcuta, se investigan además dos homicidios ocurridos en el mismo contexto. En el peaje de La Lizama, una funcionaria resultó herida tras la activación de un artefacto explosivo, lo que obligó al cierre temporal del corredor vial.
Los efectos de las acciones atribuidas al ELN se extendieron a múltiples regiones. En Chocó, se reportó la suspensión total del transporte fluvial y terrestre. En Antioquia, fue incinerado un bus en Valdivia y se registró la detonación de un explosivo en Copacabana. En Arauca, un ataque con tatucos bomba contra el batallón del Ejército en Puerto Jordán causó daños materiales, mientras que en varias vías del departamento aparecieron grafitis y banderas alusivas al grupo.
Norte de Santander concentró buena parte de la atención institucional, con bloqueos, hallazgos de explosivos y restricciones al transporte entre Cúcuta, Pamplona, Ocaña y Aguachica.
Finalmente, en Puerto Santander, un ataque a la subestación de Policía derivó en la muerte de un conductor de ambulancia. Organismos humanitarios calificaron el conjunto de hechos como una de las crisis más graves registradas en las últimas dos décadas, en un contexto que antecede al cese al fuego anunciado por el propio grupo armado.
