El gobierno de Gustavo Petro enfrenta hoy las consecuencias de su ambiciosa, pero profundamente cuestionada política de “Paz Total”, que, lejos de consolidar la tranquilidad prometida, ha derivado en un agravamiento de la violencia y una crisis sin precedentes en regiones como el Catatumbo, pero que se repite en el Cauca y otras regiones del país. Lo que inicialmente se presentó como una apuesta innovadora para la pacificación del país, se ha convertido en un proceso que ha debilitado las capacidades militares y estratégicas de Colombia, dejando a zonas vulnerables en un estado de abandono y bajo el control de actores armados ilegales.
Una fuerza debilitada desde su base
Desde el inicio de su gobierno, Gustavo Petro tomó decisiones que impactaron directamente a las Fuerzas Armadas de Colombia. Una de las medidas más criticadas fue la salida masiva de generales, coroneles y otros altos mandos, promovida por el Presidente y ejecutada bajo la dirección de su ministro de Defensa, Iván Velásquez.
Esta “poda” sin precedentes en la historia reciente del país, desmanteló un cuerpo de oficiales que acumulaban décadas de experiencia en inteligencia, capacidad operativa y estrategia militar. Este conocimiento, desarrollado en la lucha contra grupos armados ilegales, narcotraficantes y guerrillas, se perdió en cuestión de meses, dejando a las Fuerzas Armadas debilitadas y sin liderazgo efectivo.
A esta pérdida humana se sumó un recorte presupuestal de casi un billón de pesos, que afectó gravemente las operaciones diarias de las fuerzas militares y de policía. La falta de combustible, repuestos y recursos para el mantenimiento de vehículos, aviones y helicópteros ha limitado la movilidad y la capacidad de respuesta en el terreno. Muchos soldados operan en condiciones precarias, sin los suministros necesarios, lo que ha generado un profundo malestar y desmoralización dentro de las filas.
Restricciones operativas y la parálisis de la seguridad
No solo los recursos han sido un problema. El gobierno también impuso restricciones operativas a través de decretos y resoluciones que han coartado la acción de las Fuerzas Armadas. Estas medidas han impedido que las tropas persigan a guerrilleros y narcotraficantes o que intervengan para controlar sus actividades, limitando así su capacidad de cumplir con su deber constitucional de proteger a los ciudadanos. Analistas han señalado que estas restricciones responden a compromisos adquiridos por el presidente durante su campaña, particularmente en el controvertido “Pacto de La Picota”, que buscaba garantizar el respaldo de sectores criminales y guerrilleros a cambio de promesas de amnistía y negociaciones.
La creación de figuras como los “Gestores de Paz”, que incluyen a cabecillas de grupos armados de guerrillas, paramilitares y narcotraficantes, liberados de las cárceles, ha generado una polémica adicional. Mientras estos individuos reciben estipendios, viajes y hasta carros blindados, los soldados en el terreno luchan con salarios bajos y recursos insuficientes. La inequidad en el tratamiento hacia los delincuentes y las fuerzas del orden ha generado una sensación de abandono y traición en los militares.
El Catatumbo: un reflejo de la crisis
La situación en el Catatumbo es una muestra palpable de los errores de la “Paz Total”. Esta región, históricamente golpeada por la violencia y el narcotráfico, ha sido testigo del aumento de la influencia de grupos armados ilegales tras el desmantelamiento de las estructuras militares que operaban en la zona. Una de las decisiones más criticadas fue la eliminación de los comandos especiales operativos, como la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, que tenía su sede en el Catatumbo y que jugaba un papel crucial en la contención de la violencia.
La salida de esta fuerza dejó un vacío estratégico que los grupos armados aprovecharon rápidamente. Las comunidades, que antes contaban con una presencia militar que al menos mitigaba la violencia, hoy se sienten abandonadas. El narcotráfico, los enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares de izquierda, y los desplazamientos forzados; han aumentado, afectando a miles de familias que viven en constante temor.
Los supuestos errores de comunicación y manejo de información sensible
A la crisis se suma una serie de errores del Gobierno en el manejo de información sensible. Uno de los episodios más alarmantes fue la divulgación de fotografías en redes sociales que revelaron posiciones estratégicas de operaciones militares. Este tipo de fallos no solo compromete la seguridad de las tropas, sino que también evidencia una falta de profesionalismo en la gestión de la información.
La “Paz Total” ha requerido inversiones millonarias, pero los resultados no han sido los esperados. Mientras se destinan recursos considerables para sostener a los “Gestores de Paz” y garantizar sus privilegios, las Fuerzas Armadas enfrentan un abandono alarmante. Instalaciones deterioradas, falta de dotación, y soldados que combaten sin alimentos suficientes son el panorama actual.
El futuro de las Fuerzas Armadas y la seguridad nacional
La inequidad en el tratamiento es evidente: mientras los cabecillas guerrilleros disfrutan de protección y beneficios, los soldados en el terreno enfrentan condiciones que rayan en lo inhumano. Este contraste ha generado un profundo malestar en la opinión pública, que cuestiona la eficacia y la moralidad de la política gubernamental.
Las consecuencias del debilitamiento de las Fuerzas Armadas podrían tardar años en revertirse. La reconstrucción de la capacidad operativa, de inteligencia y estratégica requerirá una inversión significativa y un cambio en las prioridades gubernamentales. Sin embargo, el camino para recuperar la confianza y la moral dentro de las tropas será mucho más largo en el tiempo y complicado en esfuerzo.
El gobierno de Petro ha anunciado recientemente medidas para reforzar las Fuerzas Armadas, y ha anunciado el cuestionado Estado de Conmoción Interior y el de Emergencia Económica para volver a financiar a las desfinanciadas fuerzas militares y de policía; pero estas llegan tarde y parecen insuficientes frente a la magnitud del problema. El anuncio de posibles nuevos impuestos para financiar estas iniciativas también ha generado críticas, ya que muchos consideran que los recursos podrían haberse utilizado de manera más eficiente desde el inicio de la administración y que el generar nuevos impuestos tardarán para hacerse efectivas en recaudo lo que no se compadece con la urgencia de intervención en el Catatumbo para frenar el baño de sangre en medio de la guerra que libran las protegidas guerrillas del ELN y las FARC.
¿Un punto de no retorno?
El legado de la “Paz Total” está lejos de ser la pacificación prometida. En lugar de fortalecer las instituciones y construir confianza en el Estado, el gobierno de Gustavo Petro ha debilitado las herramientas esenciales para garantizar la seguridad nacional. La situación en el Catatumbo es un doloroso recordatorio de los riesgos de implementar políticas sin una base estratégica sólida y sin considerar las realidades del terreno.
Mientras tanto, las comunidades afectadas continúan sufriendo las consecuencias de una violencia que parece no tener fin. El gobierno enfrenta ahora el desafío de corregir el rumbo en un contexto de desconfianza generalizada y recursos limitados. La pregunta que queda es si este cambio será posible o si las decisiones tomadas en los últimos años habrán llevado a Colombia a un punto de no retorno en su lucha por la paz y la seguridad.
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