El primer debate presidencial de la Gran Consulta por Colombia reunió en un mismo escenario a nueve aspirantes que competirán el 8 de marzo por la candidatura única a la Presidencia de la República.
Durante más de dos horas, en un espacio organizado por El Tiempo, RCN, City Tv y LA FM, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa, Juan Daniel Oviedo y Vicky Dávila expusieron sus visiones sobre economía, seguridad, salud y educación ante preguntas directas de la ciudadanía.
El ejercicio permitió identificar coincidencias en distintos frentes para abordar a nivel nacional, pero también dejó planteados interrogantes concretos sobre la viabilidad, el financiamiento y la ejecución de lo anunciado. Junto a esos puntos de convergencia, quedaron en evidencia diferencias de enfoque y, especialmente, múltiples dudas sobre la manera en que cada propuesta podría llevarse a la práctica en un contexto fiscal, institucional y social complejo.
El debate giró alrededor del déficit fiscal, el salario mínimo, el sistema pensional, la deuda externa, la política tributaria y la explotación de recursos naturales.
La mayoría de los candidatos coincidió en que el ajuste de las finanzas públicas debe pasar por una reducción del gasto burocrático y evitar la generación de nuevos impuestos. Sin embargo, esa coincidencia abrió una discusión sobre la magnitud de los recortes anunciados y los sectores específicos en los que se aplicarían.
Por un lado, Mauricio Cárdenas sostuvo que el país enfrenta una crisis de financiación que obliga a reducir el gasto público “donde no le duela al colombiano”. Planteó bajar impuestos, eliminar de forma gradual el 4×1.000 y ajustar las finanzas mediante recortes al Estado.
Juan Carlos Pinzón coincidió en la necesidad de recortar burocracia, eliminar consulados y nóminas paralelas, además de ofrecer incentivos tributarios temporales para reactivar la economía. Ambos planteamientos dejaron abierta la pregunta sobre cómo se compensará la disminución de ingresos fiscales mientras se mantiene la operación del Estado y se atienden compromisos sociales.
David Luna centró su discurso económico en la formalización laboral y el sistema pensional. Advirtió que cada vez menos jóvenes cotizan y que existe una ruptura de confianza con el Estado. Se comprometió a no aumentar la edad de jubilación y a buscar esquemas que incentiven la formalización, sin precisar cómo se ampliará la base de aportantes en un mercado laboral con altos niveles de informalidad ni cómo se garantizará la sostenibilidad financiera del sistema.
Juan Manuel Galán planteó que la productividad debe ser el eje de la política económica. Habló de recuperar la confianza como base para el crecimiento y de modernizar entidades como la Dian para mejorar el recaudo y combatir la evasión. También defendió la formalización laboral con protección a los generadores de empleo, dejando abierta la discusión sobre los costos de esa modernización institucional y los tiempos necesarios para que tenga efectos reales.
Valencia defendió la explotación de hidrocarburos como una vía para impulsar la economía y el empleo. Propuso convertir a Colombia en una potencia energética, garantizando suficiente gas y precios bajos, bajo el argumento de que el país tiene margen para explotar estos recursos. El planteamiento dejó abierta la discusión sobre el equilibrio entre explotación, regulación ambiental y dependencia fiscal de estos ingresos.
Así mismo, Aníbal Gaviria insistió en la necesidad de reconstruir la confianza entre el sector público y el privado mediante reglas claras y estables. Aseguró que una mejor relación permitiría aumentar la inversión privada, generar empleo y mejorar la seguridad.
Durante la intervención de Enrique Peñalosa, mencionó que su propuesta económica se centraría en la reactivación de la construcción y la vivienda, señalando que este sector es uno de los principales motores del empleo. Propuso intervenir la tierra y fomentar tanto la vivienda nueva como la usada, sin detallar los instrumentos legales y presupuestales para hacerlo.
En seguridad, Vicky Dávila enfocó su intervención en la extorsión y el miedo cotidiano. Propuso fortalecer la denuncia ciudadana, crear bloques de búsqueda en las ciudades, controlar las cárceles y establecer un fondo de recompensas con apoyo internacional. Señaló que una parte significativa de la extorsión se dirige desde los centros penitenciarios, lo que plantea el desafío de control efectivo del sistema carcelario.
Para Galán, hay que dar un fuerte golpe a grupos armados como el ELN en sus finanzas y recuperar la cooperación internacional. Diferenció las dinámicas internas de seguridad de los factores transfronterizos, especialmente en relación con Venezuela, y planteó que el control financiero es clave para debilitar a las organizaciones criminales.
Dando continuidad a los temas de seguridad, Gaviria afirmó que la violencia es el principal problema del país, por lo que propuso aumentar el presupuesto de la Fuerza Pública y fortalecerla con tecnología, bajo la premisa de que sin seguridad no es posible garantizar otros derechos. Peñalosa rechazó cualquier negociación con estructuras criminales y aseguró que las Fuerzas Militares y de Policía serían los funcionarios más importantes de su eventual gobierno.
Pinzón resaltó su experiencia como exministro de Defensa y anunció el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, la construcción de cárceles de alta seguridad y penas más severas para delitos como el feminicidio y el asesinato de miembros de la Fuerza Pública. También habló de un plan de seguridad que presentaría formalmente, lo que abrió preguntas sobre su viabilidad jurídica y financiera.
Cárdenas propuso terminar la política de “paz total”, retomar el control territorial y avanzar hacia un Plan Colombia 2.0 con apoyo de Estados Unidos, incluyendo erradicación y fumigación, acompañadas de alternativas económicas para las comunidades. Oviedo, por su parte, cuestionó las estrategias basadas exclusivamente en fuerza y cárceles, señalando que la seguridad debe traducirse en tranquilidad y que el Estado no tiene capacidad para cumplir promesas de control absoluto del territorio.
En salud, Cárdenas habló de un plan de choque para estabilizar la entrega de medicamentos. Oviedo propuso mantener las EPS bajo un esquema de vigilancia estricta para evitar desvío de recursos. Enrique Peñalosa aseguró tener experiencia en la gestión del sistema y Pinzón atribuyó la crisis a un intento de estatización, anunciando garantías estatales temporales para asegurar medicamentos y citas especializadas. Luna recordó la necesidad de incluir la salud mental en la agenda pública.
En educación, Paloma Valencia propuso retomar Ser Pilo Paga y Generación E y fortalecer el Icetex. Pinzón, por su parte, planteó créditos para todos los bachilleres y becas para estudios en el exterior, mientras que Galán insistió en que la niñez y la independencia económica de las mujeres deben ser el eje de políticas de largo plazo.
El debate permitió conocer las posiciones individuales de cada candidato, pero también dejó abiertas preguntas transversales sobre financiación, capacidad institucional y tiempos de ejecución en caso de su eventual llegada a la Casa de Nariño.
El cierre del debate, con preguntas sobre escenarios de segunda vuelta y alineamientos políticos, reforzó la narrativa de que la Gran Consulta busca proyectarse como opción de poder frente al actual Gobierno.
