En el marco del Consejo de Ministros del pasado lunes 7 de abril, el presidente de la República, Gustavo Petro, denunció un hallazgo respecto a la situación de las armas de fuego oficiales en el país. Según el mandatario, actualmente hay 62.664 armas perdidas, las cuales podrían estar en manos de grupos armados ilegales, poniendo en riesgo la seguridad y el orden público en Colombia.
El presidente Petro hizo este señalamiento basándose en los resultados de una investigación realizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que reveló la magnitud de la crisis en el control de armamento en el país. Además, Petro subrayó que, según el informe, en Colombia existen 197 empresas de vigilancia y seguridad privada con licencias vigentes, pero que en los registros de la Supervigilancia aparecen como inactivas, lo que implica que operan al margen del control estatal.
El estudio abarcó tanto a las empresas activas como inactivas desde 1993, puso en evidencia la falta de supervisión efectiva sobre estas entidades de seguridad privada.
«En Colombia hay armas y hombres armados sin que el Estado sepa dónde están», afirmó el presidente Petro, destacando la preocupación que esto genera en cuanto a la seguridad nacional.
En su intervención, Petro se refirió a las armas entregas en su momento por el expresidente Álvaro Uribe a los paramilitares. El mandatario aseguró que, según sus investigaciones, se trató de unas 20.000, las cuales podrían haber estado al servicio del crimen organizado. “Las 20.000 armas que entregó (Álvaro) Uribe a los paramilitares en Antioquia ¿Armas oficiales? Sin descartar que estén al servicio del crimen organizado con licencia del Estado”, expresó Petro.
El jefe de Estado también cuestionó el sistema estatal de información y de vigilancia sobre las empresas de seguridad, calificando los sistemas de la Superintendencia como «chimbos, dispersos y vulnerables». Esta deficiencia, aseguró, permitió que durante más de 30 años no existiera un control efectivo sobre las entidades de seguridad privada en el país.
No obstante, Petro destacó los avances realizados durante su gobierno, mencionando que la Superintendencia ahora está llevando a cabo un control más riguroso sobre las empresas del sector. El estudio incluyó a 1.351 empresas activas, de las cuales 810 son de vigilancia, 435 son departamentos de seguridad, 94 son escuelas de capacitación y 12 son transportadoras de valores.
En relación a las irregularidades detectadas, la Superintendencia identificó hechos irregulares en los cuales estuvieron involucrados funcionarios públicos. En 2024, se cancelaron 16 licencias de funcionamiento por haber sido otorgadas de manera irregular. Los funcionarios implicados fueron removidos de sus cargos y las denuncias correspondientes fueron interpuestas ante la Fiscalía General de la Nación.
El presidente Petro subrayó que gracias a la colaboración entre la Fiscalía General de la Nación y otras entidades, se logró la captura de los representantes legales de empresas de vigilancia «con claras evidencias de estar al servicio de organizaciones al margen de la ley».
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