La zona de inmigración del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá entrará en proceso de reconfiguración durante los próximos siete meses.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) autorizó a la concesionaria Opain a ejecutar estas obras, que implicarán una ampliación del área de control migratorio, pasando de 1.628 a 2.162 metros cuadrados.
Según la ANI, esta intervención responde al incremento del 30% en el flujo migratorio registrado entre 2022 y 2024, cuando la terminal aérea pasó de atender a 4,5 millones de pasajeros internacionales a casi 5,9 millones. La inversión asciende a $18.608 millones.
El proyecto contempla la instalación de 13 nuevos módulos de control migratorio, que pasarán de 20 a 33, la expansión de los pasillos biométricos de 20 a 28 unidades, y la dotación de nuevas oficinas para Migración Colombia. Además, se integrarán dos nuevos equipos de enrolamiento permanente, actualizaciones en ventilación y climatización, nuevos computadores y sistemas de videovigilancia (CCTV).
En medio del anuncio, desde la Casa de Nariño se ha insistido en que la intervención no afectará la operación actual del aeropuerto. No obstante, expertos y operadores del sector aéreo han advertido sobre los riesgos de una ejecución simultánea con el crecimiento de la demanda de pasajeros, especialmente en temporadas altas.
De acuerdo con Milena Jiménez, vicepresidenta de Gestión Contractual de la ANI, el proyecto también incluye la implementación de sistemas de lectura de documentos y video comparadores, como parte de una estrategia para agilizar y asegurar la verificación de identidad de los viajeros.
Los trabajos fueron justificados bajo la premisa de que “las dinámicas operativas actuales del aeropuerto exigen respuestas estructurales y tecnológicas”. Jiménez también recordó que El Dorado, concesionado desde 2006, ha cuadruplicado el número de pasajeros anuales desde entonces.
Sin embargo, la reconfiguración de la zona de inmigración se produce en un contexto de críticas y alertas sobre la capacidad del Estado para asumir procesos migratorios con tecnología estatal, tras el anuncio de que el Gobierno no renovará contrato con la firma Thomas Greg & Sons para la impresión de pasaportes. En ese escenario, las capacidades de la Imprenta Nacional también han sido objeto de cuestionamientos por parte de entes de control.
Las obras en El Dorado se dan en paralelo al debate sobre la transición en la emisión de documentos de viaje, lo que ha generado interrogantes sobre la articulación entre las intervenciones físicas en el aeropuerto y los cambios en el modelo de producción de pasaportes. Por ahora, la ANI y Opain han reiterado que las adecuaciones no interferirán con el itinerario ni la operación normal del área de inmigración.
