Educar en democracia es formar ciudadanos conscientes, críticos y participativos, capaces de comprender sus derechos y deberes dentro de la sociedad. En un Estado social de derecho como el colombiano, este proceso educativo no se limita a la escuela, sino que se extiende a todos los ámbitos de la vida pública. Implica enseñar el valor de la participación, el respeto por las instituciones y la importancia de los mecanismos que garantizan la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio del poder. Entre esos mecanismos se destacan la rendición de cuentas y el control político, dos pilares esenciales para el fortalecimiento del buen gobierno y la confianza ciudadana.
La rendición de cuentas constituye una práctica democrática mediante la cual los servidores públicos informan, explican y asumen la responsabilidad por sus decisiones, la gestión de recursos y los resultados obtenidos en el ejercicio de sus funciones. Este deber es tanto legal como ético y busca asegurar que el poder público se administre de manera eficiente, transparente y orientada al bienestar de la comunidad.
Informar, dialogar y responder son los tres pilares fundamentales de la rendición de cuentas. Informar implica divulgar datos claros y verificables sobre la gestión institucional; dialogar significa abrir espacios de participación para escuchar y responder inquietudes ciudadanas; y asumir responsabilidades conlleva reconocer errores, aplicar correctivos y rendir cuentas de manera honesta ante la sociedad.
La rendición de cuentas se sostiene en tres elementos clave: información, diálogo y responsabilidad. La información garantiza que los ciudadanos puedan acceder a los datos públicos de manera sencilla y oportuna; el diálogo permite construir confianza y promover la participación; y la responsabilidad fortalece el compromiso ético de los funcionarios frente a sus deberes. Este proceso es, en esencia, un ejercicio pedagógico que fomenta la cultura de la transparencia y la vigilancia ciudadana sobre el uso de los recursos del Estado.
Por otro lado, el control político es el ejercicio de supervisión y evaluación del poder público. Su finalidad es garantizar que las acciones de los gobernantes y las instituciones se ajusten a la ley, la Constitución y los principios del servicio público. En Colombia, este control puede ser ejercido por diferentes actores: los partidos políticos, los medios de comunicación, la ciudadanía y las entidades de control como la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.
Sin embargo, la expresión más formal del control político se da en el Congreso de la República, en las Asambleas departamentales y los Concejos municipales y Distritales donde los cabildantes del pueblo tienen la facultad constitucional de citar a ministros, secretarios y altos funcionarios para que expliquen su gestión. Este mecanismo busca garantizar la transparencia en la administración pública y fortalecer la rendición de cuentas desde el poder legislativo.
Entre los instrumentos más comunes del control político se encuentran la solicitud de informes, las interpelaciones y debates, la moción de censura y la vigilancia del presupuesto. La solicitud de informes permite conocer detalles sobre la ejecución de políticas y programas; las interpelaciones promueven debates públicos sobre decisiones gubernamentales; la moción de censura, en caso de ser aprobada, puede llevar a la destitución de un funcionario; y la vigilancia del presupuesto asegura que los recursos públicos se utilicen conforme a los fines previstos por la ley.
Tanto la rendición de cuentas como el control político son herramientas esenciales para educar en democracia, pues enseñan a la ciudadanía que el poder público debe ser vigilado, cuestionado y evaluado permanentemente. Además, ambos mecanismos se complementan: la rendición de cuentas proporciona la información necesaria para que el control político se ejerza con fundamento, mientras que este último garantiza que los servidores públicos respondan ante la sociedad por sus actos.
Estos procesos contribuyen a fortalecer la transparencia, la legitimidad institucional y la confianza ciudadana, elementos indispensables para el buen gobierno. Educar en democracia implica, por tanto, fomentar la participación informada, el respeto por las instituciones y la comprensión de que la vigilancia ciudadana no es un acto de desconfianza, sino una forma de fortalecer la gestión pública y asegurar que las decisiones del Estado respondan al interés colectivo.
En conjunto, la rendición de cuentas, el control político y la educación en valores democráticos conforman la base de una sociedad participativa y responsable, donde los ciudadanos y los gobernantes comparten un mismo propósito: garantizar el bienestar común, el uso transparente de los recursos públicos y la consolidación de una democracia sólida y sostenible en Colombia.
