Justo unas horas antes de la celebración tradicional del 24, el líder social Jairo Alberto Díaz Salazar fue asesinado al sur de Bolívar, la alcaldía del pueblo San Pablo confirmó el lamentable hecho.
Indepaz, expresó que esta persona era un reconocido líder social, comunal y campesino, destacado por desempeñarse como tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Jardín, presidente del Comité Minero de Las Calungas y miembro activo de ASAMISUR, organización campesina vinculada a FEDEAGROMISBOL, en su municipio.
Así mismo, se mencionaron una serie de hechos violentos de los que fue víctima el líder, ya que había sido secuestrado el pasado 21 de diciembre en la vereda El Jardín y conducido hacia un paraje cercano al corregimiento Santo Domingo, y posteriormente, fue hallado sin vida el 22 de diciembre en ese mismo corregimiento, en horas de la mañana.
Por otra parte, Indepaz, recalcó que ya la Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana 013/25, que incluía al municipio de San Pablo con un llamado a la acción urgente, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representaba un permanente riesgo de violación a los derechos de la población.
En cuanto a otros temas, se expuso que la imposición de normas y otras formas de control social por parte de los grupos armados significaba un permanente riesgo de violación a los derechos de la población, y que los grupos armados que actuaban en la zona eran los autodenominados ELN, el Ejército Gaitanista de Colombia también llamado Clan del Golfo y algunas Bandas de carácter local.
Finalmente, se expresó que con el asesinato de Jairo Alberto Díaz Salazar ya eran 185 los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos asesinados en 2025.
ONU derechos humanos Colombia, también condenó el homicidio del defensor de derechos humanos, “expresamos nuestra profunda preocupación por la grave situación de vulneración de derechos humanos que enfrentan las comunidades, los liderazgos sociales y las personas defensoras en el Magdalena Medio”, mencionaron.
En el mismo orden de ideas, informaron que este homicidio se sumaba a hechos reiterados de violencia contra personas defensoras en contextos de presencia de actores armados no estatales y economías ilegales, lo que, aseguraron, puede evidenciar la necesidad de fortalecer las garantías de prevención, protección y la respuesta institucional en los territorios.
Finalmente, instaron al Estado a adoptar acciones urgentes, eficaces y coordinadas, así como a implementar plenamente las políticas de seguridad y desmantelamiento, para “garantizar la vida, la integridad y la seguridad de las comunidades y de las personas defensoras, así como para adelantar investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales que contemplen como hipótesis la labor de defensa de derechos humanos, con el fin de combatir la impunidad”.
