El dirigente opositor Enrique Márquez, quien se postuló como candidato presidencial en las elecciones del 28 de julio, fue detenido por agentes de seguridad del Estado venezolano. Esta detención se produce en un contexto de creciente represión contra líderes políticos y activistas en el país, y ha sido calificada como un «secuestro» por la organización antichavista Voluntad Popular.
Márquez, quien ha abogado por una transición política pacífica y ha manifestado su desconfianza hacia la victoria de Nicolás Maduro, había exigido la publicación de las actas del Consejo Nacional Electoral (CNE) tras las controvertidas elecciones. Su detención se suma a una serie de arrestos que han afectado a al menos doce dirigentes políticos regionales y activistas, incluyendo al periodista y defensor de derechos humanos Carlos Correa, quien también se encuentra desaparecido.
La detención de Márquez, exvicepresidente del CNE y exdiputado, coincide con su crítica al hostigamiento que sufren otros opositores, como el dirigente Juan Barreto, quien fue objeto de acoso policial en su residencia en Caracas. En sus declaraciones previas a la detención, Márquez había reafirmado que la «voluntad de cambio» político en Venezuela sigue «intacta», a pesar de las maniobras del gobierno para silenciar a la oposición.
Organizaciones internacionales y locales expresaron su preocupación por el aumento de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y han exigido la liberación inmediata de todos los detenidos.
La situación actual pone de manifiesto la grave crisis política que enfrenta el país y la urgencia de un diálogo efectivo para abordar las inquietudes de los ciudadanos.
Las autoridades aún no han proporcionado detalles sobre las circunstancias específicas que rodearon la detención de Márquez, pero su arresto ha generado un fuerte rechazo entre los sectores opositores y defensores de derechos humanos, quienes continúan exigiendo justicia y transparencia en el proceso electoral venezolano.
