El desmonte del impuesto del 4×1000, anunciado desde el primer año del Gobierno del presidente Gustavo Petro, continúa sin aplicarse por la ausencia de un sistema tecnológico que permita a las entidades financieras cruzar la información necesaria para aplicar las exenciones establecidas por la ley.
Aunque la reforma tributaria aprobada en 2022 incluyó un artículo que abría la puerta para eximir del cobro a quienes no superaran un umbral de transacciones mensuales por 17,4 millones de pesos, el mecanismo técnico que lo haría posible no ha sido implementado.
El Superintendente Financiero, César Ferrari, informó que la demora se debe a desacuerdos entre los proveedores tecnológicos elegidos por bancos y cooperativas. “Hay dos proveedores y no se han puesto de acuerdo. Y yo no puedo hacer nada más”, indicó Ferrari, al explicar los obstáculos para consolidar una única plataforma de intercambio de datos financieros.
Según las disposiciones vigentes, las entidades financieras no pueden suspender el cobro del 4×1000 mientras no exista un sistema homologado que permita identificar a los usuarios que cumplen con los requisitos para la exención.
El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, señaló que el sector bancario ya está listo para suministrar los reportes requeridos, pero insistió en que la implementación depende de que la administración tributaria esté en capacidad de integrar la información de todos los actores del sistema financiero.
“Entre las entidades financieras estamos listos para hacer ese reporte, todos los bancos están listos para hacer ese reporte, pero la administración tributaria debe tener la información no solamente de los bancos, sino también de las cooperativas, de los fondos de empleados, de cualquier otra institución financiera”, explicó Malagón.
Más de seis meses después de la fecha inicialmente estimada para su puesta en marcha, los usuarios del sistema financiero siguen pagando el gravamen a los movimientos financieros sin que exista una fecha definida para el inicio de la exención.
Según la normativa, solo cuando el sistema unificado esté en funcionamiento podrá aplicarse la diferenciación que evitaría el cobro a quienes estén por debajo del tope mensual definido por la DIAN.
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