Un nuevo hecho de corrupción rodea al gobierno de Gustavo Petro. El Ministerio de Justicia quedó en el centro de una investigación penal y disciplinaria tras la denuncia presentada por el ministro encargado, Andrés Idárraga, sobre la existencia de una presunta red de corrupción que operaría dentro de esa cartera. Los hechos estarían relacionados con la expedición y renovación de certificados de carencia, documentos indispensables para que personas naturales y empresas puedan producir y comercializar sustancias químicas controladas en el país.
La denuncia fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General, luego de que Idárraga tuviera conocimiento de la situación durante el proceso de empalme administrativo en el Ministerio, que anteriormente estaba bajo la dirección de Eduardo Montealegre. Según explicó el funcionario, la información le fue suministrada por la Oficina de Control Disciplinario Interno, que alertó sobre posibles irregularidades ocurridas desde septiembre de 2024.
Exigencia de dinero para trámites oficiales
De acuerdo con el documento enviado a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, los presuntos hechos de corrupción consistirían en la exigencia de dinero o dádivas a cambio de agilizar o garantizar la expedición de los certificados de carencia. Este documento certifica que una persona o empresa no registra antecedentes por narcotráfico u otros delitos asociados, y constituye un requisito obligatorio para operar legalmente con precursores químicos de uso industrial.
Idárraga señaló que la gravedad del asunto radica en que este tipo de certificados son un filtro clave dentro del control estatal sobre sustancias que, aunque tienen usos lícitos, también pueden ser desviadas hacia actividades ilegales. Cualquier irregularidad en su expedición representa un riesgo para la seguridad y la legalidad del sistema.
El ministro también informó que tuvo conocimiento del caso a partir de una denuncia presentada por uno de los afectados desde septiembre del año pasado. Esa circunstancia motivó el traslado inmediato de la información a la Fiscalía para que se iniciaran las actuaciones correspondientes.
En su comunicación, Idárraga solicitó formalmente a la Fiscalía la designación de un fiscal competente y de un equipo técnico de investigadores, con el fin de entregar las pruebas que hasta el momento han sido recaudadas por el área responsable. De manera paralela, pidió al procurador general, Gregorio Eljach, que disponga del personal necesario para adelantar las investigaciones disciplinarias.
La denuncia abre un nuevo frente de control institucional y pone bajo la lupa los mecanismos internos del Ministerio de Justicia, mientras avanzan las investigaciones para establecer responsabilidades individuales y determinar el alcance real de las presuntas irregularidades.
