martes, abril 1, 2025
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Defensoría del Pueblo advirtió sobre dudas fiscales en la reforma a la salud

La Defensoría del Pueblo envió un documento a la Comisión Séptima del Senado en el que expone varias preocupaciones sobre la reforma a la salud que entrará en discusión en tercer debate.

El pronunciamiento, de 22 páginas, aborda aspectos relacionados con la sostenibilidad fiscal, la transición del sistema, el manejo de recursos, el rol de las EPS y el acceso a medicamentos.

En el informe, la Defensoría se refiere a la sostenibilidad del sistema de salud y a la falta de mecanismos claros para garantizar su viabilidad financiera. «Sobre la sostenibilidad fiscal de la reforma. Como se dijo, no están claros los mecanismos que garantizan la sostenibilidad fiscal de la reforma y, por consiguiente, del derecho a la salud», señala el documento.

Como medida, la entidad propuso que el proyecto de ley contemple la realización de un informe del Departamento Nacional de Planeación que incluya un diagnóstico del costo de la reforma y la capacidad del Estado para asumirlo, así como la identificación de fuentes de financiación.

Aunque el Ministerio de Hacienda ha afirmado que la reforma es compatible con el marco fiscal de mediano plazo, la Defensoría señala que «los recursos del sistema deben ser oportunos, adecuados y suficientes».

El informe también menciona inquietudes sobre el tiempo establecido para la transición del sistema. «Sobre el plan de transición. Existen dudas sobre si los dos años establecidos para la transición son suficientes para que el cambio se dé sin traumatismos», indica el documento.

Ante esto, la Defensoría planteó la necesidad de formular un plan de transición que garantice la eficacia de los mecanismos de reclamación y de las acciones de tutela en caso de problemas con la prestación del servicio de salud.

Otra de las preocupaciones expuestas es el papel de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), que según el informe, no cuenta con la infraestructura ni operatividad suficiente para administrar los recursos del sector salud.

«El presupuesto de salud en 2025 es de cerca de 100 billones de pesos y, en los escenarios de la reforma, la ADRES podría pasar a manejar más de 150 billones en 2034 (…) En materia operativa, la reforma puede terminar siendo nociva para la garantía del derecho», señala la Defensoría.

El documento de a Defensoría también aborda el futuro de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), que según la reforma se transformarían en Gestoras de Salud. «En el proyecto de ley no queda claro a quien se traslada la función de la gestión de los recursos para garantizar que cubran todas las necesidades en cada vigencia», expone la Defensoría.

Según la entidad, el nuevo modelo podría generar un aumento del gasto, sin una definición clara sobre quién asumirá los riesgos financieros. «En el nuevo modelo se puede generar un aumento del gasto, respecto del cual no queda claramente definido quién asumiría los riesgos que conlleva dicho aumento (CAPS, entidades territoriales, ADRES o Ministerio de Salud y Protección Social)», advierte el informe.

Otro punto se relaciona con el acceso a medicamentos y tecnologías en salud. El informe hace referencia a la propuesta de un mecanismo de gestión y uso racional de medicinas, pero advierte sobre la necesidad de garantizar un control adecuado en la oferta y el gasto.

La Defensoría del Pueblo alertó que el número de quejas y tutelas relacionadas con la prestación del servicio de salud ha aumentado de manera constante. En lo corrido de 2025 se han registrado cerca de 5.000 quejas, y de mantenerse esta tendencia, la cifra podría superar las 34.000 para final de año.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, reiteró la necesidad de adoptar medidas para mejorar el sistema de salud existente en caso de que la reforma no sea aprobada. «Es urgente que se adopten las medidas adecuadas y necesarias orientadas a mejorar el sistema de salud existente», afirmó.

El informe concluye con un llamado a no desmantelar completamente el sistema de salud actual y a conservar aquellos aspectos que han garantizado la protección de los derechos ciudadanos.

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