La defensa de Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), anunció que su cliente no aceptará los cargos que le pretende imputar la Fiscalía General de la Nación en el marco del escándalo por presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El abogado Iván Cancino, representante legal de González, afirmó que su defendido “no tiene nada que aceptar”, y aseguró que no existe ninguna responsabilidad penal que González deba admitir. El anuncio se da luego de que el ente acusador solicitara la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento ante el Tribunal Superior de Bogotá.
La Fiscalía sindica a González de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. Según el expediente, el exdirector del DAPRE habría participado en la coordinación de la entrega de sobornos, junto con el entonces director de la UNGRD, Olmedo López, a altos funcionarios del Congreso de la República.
Las autoridades sostienen que, en octubre de 2023, se habrían realizado pagos ilícitos a los presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, con el propósito de asegurar respaldo a las reformas legislativas promovidas por el Ejecutivo.
Cancino declaró que el proceso debe desarrollarse sin presiones externas: “Si la justicia en Colombia actúa sin presiones, al final se demostrará que es inocente”. También enfatizó que González ha estado en contacto permanente con su defensa legal, aunque no confirmó si actualmente se encuentra en territorio colombiano.
“No nos interesa el lugar físico donde esté. Hemos estado en contacto con él, preparando y atendiendo todas las audiencias en las que ha participado, directamente o a través de su defensa”, precisó el abogado.
En paralelo, la Fiscalía también analiza una posible imputación por tráfico de influencias. En esta línea, el ente acusador ha vinculado a la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, quien también habría tenido participación en los hechos bajo investigación.
Las pesquisas incluyen análisis de elementos materiales probatorios, documentos oficiales provenientes de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Casa de Nariño y registros de una empresa de telefonía celular vinculada al exfuncionario.
El caso continúa en etapa preparatoria, mientras la Fiscalía insiste en la necesidad de aplicar medidas judiciales para esclarecer los hechos y avanzar en las responsabilidades penales derivadas de las denuncias relacionadas con la UNGRD.
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