Las decanas y los decanos de la sede Bogotá de la Universidad Nacional emitieron un pronunciamiento colectivo en el que pidieron a la comunidad académica mantener sin modificaciones los planes institucionales en curso, luego del fallo del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó la restitución de José Ismael Peña en la rectoría.
El comunicado, divulgado el 18 de febrero, se presenta como una respuesta directa a la situación administrativa derivada de la decisión judicial y a las tensiones internas que se han intensificado en los últimos días.
En el documento, las directivas reconocen que la orden del tribunal tiene efectos sobre el funcionamiento de la institución, pero sostienen que los desacuerdos no pueden interferir con la operación académica ni con la continuidad de los procesos administrativos. Señalan que la responsabilidad de los cuerpos directivos es preservar la marcha regular de la universidad y garantizar que las decisiones internas se ejecuten dentro de los marcos previamente definidos.
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es la solicitud expresa de no alterar las rutas establecidas en el Plan de Acción de la sede Bogotá ni en el Plan Global de Desarrollo 2025-2027.
Las decanaturas advierten que cualquier modificación en estos instrumentos afectaría la secuencia de proyectos académicos, la programación presupuestal y la gestión administrativa que ya se encuentra en ejecución. Según el comunicado, estos planes constituyen la base operativa que permite sostener la actividad institucional en medio de la controversia jurídica.
Las directivas también informaron que acompañarán el proceso de empalme coordinado por la Vicerrectoría de la sede Bogotá, encabezada por la profesora Carolina Jiménez, y destacaron la labor desarrollada durante el periodo de interinidad.
En su mensaje, recalcan que los órganos de dirección de la sede han continuado funcionando y que las decisiones administrativas adoptadas durante ese tiempo se enmarcan en los procedimientos ordinarios de la universidad.
El pronunciamiento se produce mientras un sector estudiantil mantiene un cese de actividades en rechazo al regreso del rector y promueve movilizaciones internas. Frente a ese escenario, las decanaturas insisten en la defensa de la institucionalidad y en la necesidad de que las diferencias se tramiten sin interrumpir la operación académica.
El comunicado plantea que la autonomía universitaria implica preservar los mecanismos internos de gobierno y asegurar la ejecución de los programas aprobados por los órganos competentes.
Las directivas concluyen su declaración vinculando el momento actual con la agenda institucional prevista para 2026, año que la universidad ha denominado como un periodo orientado a iniciativas de paz y convivencia dentro de la comunidad académica. El mensaje se presenta como una invitación a que las actuaciones de los distintos estamentos se ajusten a ese marco, mientras se cumple la orden judicial y se desarrolla el proceso administrativo correspondiente.
