El escrito de acusación sustitutivo presentado por la Fiscalía de los Estados Unidos ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York constituye uno de los documentos judiciales más severos jamás formulados contra un jefe de Estado extranjero en ejercicio y su entorno familiar y político, aunque Washington nunca reconoció a Maduro como presidente legítimo. En él, el gran jurado federal detalla, con base en años de investigaciones, cómo Nicolás Maduro Moros y varios de los principales integrantes de su régimen habrían convertido al Estado venezolano en una plataforma estructural para el narcotráfico internacional, el terrorismo y el crimen organizado transnacional.
La acusación no se limita a hechos aislados ni a conductas individuales. El documento describe una presunta conspiración sostenida durante más de 25 años, en la que instituciones públicas, cargos diplomáticos, fuerzas de seguridad y recursos estatales habrían sido utilizados de forma sistemática para facilitar el envío de grandes volúmenes de cocaína hacia los Estados Unidos. En el centro de esa estructura, según la Fiscalía, se encuentra Nicolás Maduro Moros, acompañado por su esposa, Cilia Adela Flores de Maduro, su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra y altos funcionarios civiles y militares.
El núcleo de la acusación, un Estado al servicio del narcotráfico
De acuerdo con la introducción del indictment, los fiscales sostienen que líderes venezolanos abusaron de cargos de confianza pública y corrompieron instituciones legítimas para importar toneladas de cocaína a territorio estadounidense. Nicolás Maduro es señalado como el principal articulador de ese entramado. El documento afirma que, desde sus primeros años en la vida pública, Maduro habría utilizado cada posición que ocupó para facilitar actividades de narcotráfico.
El gran jurado sostiene que, cuando era diputado de la Asamblea Nacional, Maduro habría participado en el traslado de cargamentos de cocaína bajo protección de fuerzas de seguridad venezolanas. Posteriormente, como ministro de Relaciones Exteriores, se le acusa de haber entregado pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes y de haber proporcionado cobertura diplomática a aeronaves utilizadas para lavar dinero proveniente del narcotráfico desde México hacia Venezuela. Ya como presidente y gobernante de facto, el escrito señala que permitió que la corrupción alimentada por la cocaína prosperara en beneficio propio, de su entorno político y de su familia.
La figura del “Cartel de los Soles”
Uno de los ejes centrales del documento es la descripción del llamado “Cartel de los Soles”, una organización criminal que, según la Fiscalía, estaría integrada por altos mandos políticos y militares venezolanos. El texto sostiene que este cartel utilizó el control del territorio, los puertos, aeropuertos y rutas aéreas y marítimas del país para facilitar el tránsito anual estimado de entre 200 y 250 toneladas de cocaína.
La acusación describe a Venezuela como un punto geográfico clave para el narcotráfico regional, en el que confluyen rutas provenientes de Colombia y se articulan envíos hacia Centroamérica, el Caribe y, finalmente, Estados Unidos. Este esquema, según los fiscales, no habría sido posible sin la complicidad directa de funcionarios de alto nivel y sin la protección institucional otorgada a grupos armados ilegales.
Alianzas con organizaciones narco-terroristas
El escrito judicial detalla las presuntas alianzas entre el régimen venezolano y organizaciones catalogadas como narco-terroristas o criminales de alcance internacional. Entre ellas se mencionan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua.
Según el gran jurado, desde aproximadamente 1999, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello Rondón y Ramón Rodríguez Chacín se habrían asociado con estas organizaciones para producir, proteger y transportar cocaína. El documento señala que estos grupos operaban con impunidad en territorio venezolano, beneficiándose de protección estatal, acceso a armas de guerra y facilidades logísticas.
En el caso del Tren de Aragua, la acusación identifica a su líder, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, como parte de esta red criminal, señalándolo de dirigir una organización dedicada a extorsión, secuestro, asesinatos, narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero, con operaciones que se extienden más allá de Venezuela.
El papel de Cilia Flores y el entorno familiar
La acusación no se limita a Maduro como individuo, sino que incluye de forma explícita a su esposa, Cilia Adela Flores de Maduro, señalada como parte beneficiaria y participante del esquema de corrupción. El documento sostiene que la familia presidencial concentró poder y riqueza a partir del narcotráfico a gran escala, utilizando su influencia política para proteger y promover las actividades ilegales.
Cilia Flores es descrita como “Primera Dama de facto” y se enumeran los cargos que ha ocupado dentro del aparato estatal, incluyendo la presidencia de la Asamblea Nacional y su participación en la Asamblea Nacional Constituyente. Para la Fiscalía, su rol habría sido clave en la consolidación del control político necesario para sostener la estructura criminal.
El hijo del mandatario, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito” o “El Príncipe”, también figura como acusado. El escrito sostiene que fue nombrado en cargos creados específicamente para él y que participó activamente en el entramado de corrupción y narcotráfico, beneficiándose de su posición como miembro de la Asamblea Nacional.
Diosdado Cabello y Rodríguez Chacín
Entre los coacusados se encuentra Diosdado Cabello Rondón, actual ministro del Interior, Justicia y Paz y uno de los hombres más poderosos del chavismo. La Fiscalía lo señala como parte de la élite política y militar que se habría enriquecido y afianzado gracias al narcotráfico, utilizando su influencia para garantizar protección institucional a las redes criminales.
Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior y exgobernador del estado Guárico, también es identificado como miembro central de la conspiración. El documento lo vincula con la protección de grupos armados ilegales y con el uso de su cargo para facilitar operaciones de narcotráfico y violencia asociada.
Hechos concretos descritos en la acusación
El escrito judicial dedica una sección extensa a detallar actos específicos que, según la Fiscalía, respaldan la existencia de la conspiración. Entre ellos se mencionan la venta de pasaportes diplomáticos, el pago de sobornos, el envío de toneladas de cocaína por vía aérea y marítima, el uso de hangares presidenciales para operaciones ilegales, asesinatos para proteger las rutas de tráfico, la protección directa a campamentos de las FARC y el ELN, y la participación de familiares del mandatario en actividades vinculadas al narcotráfico.
También se hace referencia al uso de armas de guerra y a la provisión de seguridad armada para garantizar el tránsito de los cargamentos, así como a la coordinación con funcionarios corruptos en otros países de la región.
Los cargos formales ante la justicia estadounidense
Con base en estos hechos, el gran jurado formula cuatro cargos principales. El primero es conspiración de narco-terrorismo, en violación del Título 21 del Código de los Estados Unidos, sección 960a. El segundo cargo es conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos. El tercero se refiere a la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos en relación con delitos de narcotráfico. El cuarto cargo es conspiración para poseer y usar ametralladoras y dispositivos destructivos.
Estos cargos implican penas extremadamente severas bajo la legislación estadounidense y colocan a los acusados en la categoría de amenazas directas a la seguridad nacional, según la interpretación de los fiscales.
Decomiso y consecuencias patrimoniales
Además de las acusaciones penales, la Fiscalía solicita el decomiso de todos los bienes y ganancias derivados del narcotráfico, así como de las armas utilizadas en la comisión de los delitos. El escrito contempla también la posibilidad de decomisar bienes sustitutos en caso de que los activos originales no puedan ser localizados.
Este componente del proceso apunta a desmantelar la estructura financiera que, según el Departamento de Justicia, permitió al régimen venezolano sostener durante años un esquema criminal de alcance continental.
Un proceso judicial de alcance histórico
El documento presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York configura un caso sin precedentes por la magnitud de los hechos descritos y por el nivel jerárquico de los acusados. Para la justicia estadounidense, no se trata únicamente de un caso de narcotráfico, sino de la acusación formal de que un aparato estatal fue instrumentalizado como una organización criminal transnacional.
A partir de este escrito, el proceso judicial contra Nicolás Maduro, Cilia Flores y el resto de los señalados entra en una fase decisiva que tendrá repercusiones políticas, diplomáticas y judiciales de gran alcance. Estados Unidos sostiene, en blanco y negro, que el régimen venezolano no fue un actor pasivo frente al narcotráfico, sino un protagonista activo en su expansión.
