La precandidata presidencial Vicky Dávila y el concejal Daniel Briceño sostuvieron una conversación centrada en los esquemas de corrupción que se han registrado en diferentes niveles del Estado y en los mecanismos que, a su juicio, deberían adoptarse para enfrentar este fenómeno.
Durante el diálogo, ambos señalaron que la lucha institucional contra estas prácticas requiere ajustes estructurales y un enfoque coordinado entre entidades.
Dávila sostuvo que el Gobierno del presidente Gustavo Petro no ha priorizado la lucha contra la corrupción. Según indicó, esta problemática se evidencia desde la selección de funcionarios y contratistas, por lo que planteó que, en un eventual mandato suyo, instauraría un bloque de búsqueda anticorrupción articulado con los organismos de control. Señaló que, con la capacidad institucional existente, sería posible obtener mejores resultados si los recursos se emplean de manera estratégica.
La precandidata mencionó varios instrumentos que, desde su perspectiva, podrían contribuir a la detección y judicialización de hechos irregulares. Entre ellos, el uso extendido de cámaras corporales para funcionarios de la fuerza pública y la ampliación de funciones en notarías para resolver trámites menores.
También propuso que los responsables de hechos de corrupción cumplan sus condenas en cárceles ordinarias, sin beneficios, y que se les extingan los bienes obtenidos de manera ilícita, lo que podría representar montos significativos para el Estado.
Dávila afirmó que está de acuerdo con la cadena perpetua para este tipo de delitos y subrayó la necesidad de reforzar los sistemas de inteligencia financiera para rastrear el destino de recursos vinculados a esquemas ilícitos. En ese sentido, propuso un mecanismo que calificó como “extradición exprés” para acelerar procesos cuando los responsables intenten evadir la justicia fuera del país.
La precandidata señaló que uno de los sectores con mayores alertas es el de la salud, al que atribuyó la presencia de redes que han captado recursos públicos de manera irregular. También se refirió a la Sociedad de Activos Especiales, SAE, mencionando que requiere intervención y vigilancia reforzada. Recordó casos recientes investigados por la justicia, entre ellos los de la UNGRD, y cuestionó que, en su criterio, solo un grupo reducido de implicados haya sido privado de la libertad.
En materia institucional, Dávila planteó fortalecer entidades como la UIAF y promover el cruce de información entre organismos mediante herramientas de análisis digital e inteligencia artificial para identificar patrones que generen alerta. Sobre el Congreso, señaló que no debe generalizarse ni estigmatizarse a todos sus miembros, pero sostuvo que el Ejecutivo no debe plantear una relación que pueda interpretarse como un intercambio irregular con legisladores.
Durante la conversación, tanto Dávila como Briceño destacaron que la corrupción sigue siendo uno de los principales desafíos para la administración pública y coincidieron en la necesidad de revisar los sistemas de control para evitar que prácticas irregulares se sigan extendiendo en áreas sensibles de la gestión estatal.
