El Congreso de la República entró en receso legislativo desde 16 de diciembre de 2025 y retomará sus sesiones ordinarias el próximo 16 de febrero de 2026, conforme al calendario establecido en la Constitución.
El retorno al Capitolio se dará en un escenario marcado por la suspensión de los principales proyectos del Gobierno y con una actividad parlamentaria limitada por la cercanía del ciclo electoral.
El cierre del periodo legislativo de 2025 se produjo tras el hundimiento de la reforma tributaria, hecho que llevó a frenar o aplazar iniciativas consideradas prioritarias en sectores como salud, seguridad, economía y servicios públicos.
Aunque formalmente las sesiones se extendían hasta mediados de diciembre, en la práctica el Congreso redujo su actividad en las últimas semanas, con plenarias convocadas solo algunos días y con una asistencia menor a la habitual.
Senadores y representantes concentraron su agenda en actividades regionales y en la preparación de las campañas electorales, lo que incidió en el ritmo de discusión de los proyectos.
La caída de la reforma tributaria tuvo un efecto directo sobre otras iniciativas que dependían de su financiación, entre ellas la reforma a la salud, la Jurisdicción Agraria, la ley de sometimiento, la reforma a los servicios públicos, la ley minera y el desarrollo del Ministerio de la Igualdad.
En el Senado, la reforma a la salud no fue aprobada al no contar con los recursos proyectados inicialmente. Mientras sectores del oficialismo han señalado dificultades para sacar adelante los debates, la oposición consolidó su estrategia parlamentaria en un contexto de menor disposición para tramitar reformas de fondo en un año preelectoral. En paralelo, el Ministerio de la Igualdad permanece a la espera de discusión en comisiones, en medio de cuestionamientos sobre su ejecución presupuestal.
En la Cámara de Representantes, la baja asistencia y la priorización de sesiones de control político reflejaron el cierre anticipado del periodo. Iniciativas como la Jurisdicción Agraria continuaron sin consensos suficientes, y la agenda se limitó a proyectos de menor alcance.
Cabe recordar que Petro, había expedido el Decreto 1366 del 16 de diciembre de 2025, mediante el cual convocó al Congreso de la República a sesiones extraordinarias con el objetivo principal de discutir y aprobar los ascensos de oficiales generales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
Sin embargo, el Senado de la República sesionó en forma extraordinaria el 26 y 29 de diciembre con el propósito de iniciar un control político al decreto de emergencia económica emitido días antes por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, generando un inédito choque entre el Legislativo y el Ejecutivo.
La sesión se programó en medio del receso legislativo, lo que fue defendido por el presidente del Congreso, Lidio García, al afirmar que las funciones de control político de los congresistas no se suspenden por vacaciones o festividades y que era necesario examinar la declaratoria del Ejecutivo con urgencia.
Antes del inicio del receso, el Congreso tenía previsto abordar temas como el financiamiento de universidades públicas, la sostenibilidad ganadera y la ampliación de los periodos de los secretarios generales del Senado y la Cámara.
El regreso del Congreso el 16 de febrero de 2026 se producirá a pocas semanas de las elecciones legislativas previstas para el 8 de marzo, lo que reduce el margen para reactivar los grandes debates.
Desde el Ejecutivo, la Casa de Nariño y el Ministerio del Interior han reconocido la dificultad para avanzar en el Legislativo y han atribuido la situación al ambiente electoral, mientras se evalúan alternativas administrativas para implementar algunas políticas.
Desde 2023, una reforma constitucional modificó el calendario legislativo y estableció que el segundo periodo de sesiones comience el 16 de febrero, y no en marzo, reduciendo el receso de fin de año de tres a dos meses.
Con este esquema, los congresistas retoman funciones antes de lo que ocurría en años anteriores, aunque el inicio de 2026 estará marcado por un Congreso que regresa con una agenda pendiente y condicionada por el calendario electoral.
