La bancada de Creemos en Antioquia ha declarado su oposición a la implementación de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia, propuesta por el gobernador Andrés Julián Rendón a través del Proyecto de Ordenanza No. 59 de 2024. Este impuesto, que se incluiría en las facturas de servicios públicos de EPM, busca financiar medidas de seguridad en el departamento, pero según Creemos, no es jurídicamente viable y podría tener graves repercusiones económicas para Antioquia.
En un comunicado, la bancada destacó que la advertencia de EPM sobre la posible vulneración del principio de legalidad tributaria al recaudar este tipo de obligaciones podría llevar a la nulidad del proyecto. Además, enfatizaron que tanto la ciudadanía como los empresarios no están en condiciones de asumir más cargas impositivas, especialmente en el actual contexto económico del país. «La implementación de una tasa destinada a la seguridad podría poner en serio riesgo la estabilidad y el progreso de Antioquia», afirmaron.
Creemos también expresó su preocupación por el posible racionamiento energético en los próximos meses, lo que, junto con el aumento en el costo de la energía, agravaría aún más la situación económica de los antioqueños. Por ello, subrayaron que los servicios públicos no deben ser utilizados como mecanismos de recaudo.
En el comunicado, Creemos propuso cinco alternativas para lograr la recaudación de dinero destinado a la seguridad que son: La reestructuración del Proyecto de Ordenanza No. 60 para Asegurar la viabilidad y enfoque estratégico para un empréstito significativo, destinar hasta el 50% del impuesto de renta de las empresas para recaudar más de $300.000 millones al año, aprovechar los $150.000 millones aprobados para proyectos de seguridad, promover la construcción y operación de una nueva cárcel departamental a través de una APP y destinar el 85% de los ingresos obtenidos para financiar inversiones prioritarias en seguridad.