La crisis estructural del sistema de salud en Colombia continúa generando preocupación entre pacientes, organizaciones sociales y entes de control. En medio de las advertencias para 2026, la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer) reveló que durante 2025 al menos 2.436 personas fallecieron como consecuencia de deficiencias en la atención médica, asociadas principalmente a barreras de acceso a medicamentos, tratamientos y servicios especializados.
Uno de los datos más alarmantes del balance presentado por Fecoer es que cerca del 40% de estas muertes correspondieron a pacientes afiliados a Entidades Promotoras de Salud (EPS) intervenidas por el Estado. En particular, la Nueva EPS concentra el mayor número de casos, con 536 fallecimientos, pese a no ser la entidad con más afiliados con enfermedades de alto costo o condiciones complejas.
Diego Gil, director ejecutivo de Fecoer, explicó en diálogo radial en la mañana que el problema no se limita a una patología específica, sino que afecta de manera transversal a múltiples grupos de pacientes. “La situación es crítica para todas las enfermedades. No hay una que se salve de las barreras de acceso. Esto golpea con mayor fuerza a quienes padecen enfermedades huérfanas, crónicas complejas o de alto costo”, señaló.
Uno de los factores centrales de la crisis, según Fecoer, es el ajuste insuficiente de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el monto que el sistema reconoce por cada afiliado para cubrir su atención en salud. Para 2026, el incremento aprobado fue del 9%, cifra que, de acuerdo con Gil, no compensa el déficit acumulado de años anteriores ni el aumento de los costos operativos del sistema.
“Esperábamos que el incremento de la UPC, al menos en el régimen contributivo, fuera superior al 15%. Este 9% no refleja las necesidades reales de atención, y menos aún si se tiene en cuenta el impacto del aumento del salario mínimo en los costos del talento humano, los hospitales y las clínicas”, explicó el directivo.
La Defensoría del Pueblo también encendió las alarmas frente al panorama del próximo año. La entidad advirtió sobre posibles interrupciones en la prestación de servicios y en la entrega de medicamentos durante 2026, e hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para garantizar la continuidad y oportunidad en la atención de los usuarios del sistema.
Las cifras de reclamaciones respaldan este diagnóstico. Según datos de la Superintendencia Nacional de Salud, no hay un solo mes en el que se registren menos de 2.500 quejas por fallas en la atención, un indicador que refleja el deterioro progresivo del sistema.
Mientras tanto, organizaciones de pacientes insisten en que la discusión sobre la sostenibilidad financiera del sistema debe traducirse en decisiones urgentes que eviten que las barreras administrativas y económicas sigan cobrando vidas. La situación, advierten, requiere respuestas inmediatas para evitar que 2026 profundice una crisis que ya muestra consecuencias humanas irreversibles.
